El gasto promedio ejecutado a través del Programa 98, de Administración de Contribuciones Especiales en los años bajo estudio, fue equivalente al 14.3% del presupuesto del Ministerio de Agricultura.
La importancia que se le da a una o a un conjunto de políticas públicas, debe necesariamente traducirse en el gasto público que realmente se realiza para su ejecución o adopción.
En términos de generación de empleos, según el Banco Central, en las actividades agropecuarias hay 358,105 mil personas ocupadas para finales de diciembre del año 2021, siendo solamente superada por las actividades de comercio e industria.
La Fundación Economía & Democracia solicita encarecidamente al Gobierno que retire esa iniciativa legislativa y que se evalúen otras opciones más favorables al interés nacional.
Escribe el destacado economista Eladio Contreras Reyes.
Les corresponde a las entidades oficiales vinculadas al sector de las Mipymes, diseñar, evaluar y formular acciones de políticas públicas, que tiendan a atenuar o disminuir esas características estructurales que prácticamente condenan al fracaso, el accionar de las micro y pequeñas empresas en la República Dominicana.
En términos generales, los seguros de desempleo o de desocupación laboral, o subsidios, subvenciones por paro forzoso o cesantía, etc., son pagos efectuados por los gobiernos a las personas desempleadas que han realizado cotizaciones en el tiempo que han estado empleadas.
Es conveniente que, desde el Gobierno dominicano, se entienda que la población está esperando reducciones reales de los precios de los artículos de su interés.
Evidentemente el empleado corre un gran riesgo ya que, dependiendo de la gravedad de las acciones que cometa, en algunos casos pudiera ser despedido sin derecho a prestaciones laborales.
Lo más aconsejable en la política general de apoyos a los productores agropecuarios, es tratar de hacerlo mediante acciones que no generen tantas distorsiones, y que sean, sobre todo, transparentes y trazables.
El pasado día 27 de septiembre, el Presidente Luis Abinader Corona, emitió el decreto No 605-21, donde, en el artículo No 1, se derogaron los decretos No 505-99, del 24 de noviembre del año 1999, y el No 569-12, del 11 de septiembre del año 2012.
Los grandes retos de los sistemas agroalimentarios son producir bajo esquemas de sostenibilidad ambiental y a costos razonables, los alimentos y materias primas de origen agropecuario, para una población y economía que está en constante crecimiento.
La agropecuaria, además de ser rentable, tiene que serlo con perspectiva ambiental. En otras palabras, la rentabilidad sostenible es el criterio que prevalecerá para tener acceso a los mercados.
Hay que mejorar el acceso a mercados y facilitar inversiones para productos amigables ambiental y socialmente, reduciendo los impactos negativos sobre los ecosistemas naturales y el clima global.
Productores agropecuarios dominicanos requieren que se continúe la democratización del crédito, la construcción y reconstrucción de caminos inter parcelarios, preparación de tierras y entrega de semillas.Extraoficialmente se sabe que van a reducir el presupuesto al Ministerio de Agricultura.
Ojalá que no sea cierto.
Queríamos traer a la discusión y análisis este tema de la leche, pero se puede aplicar el mismo razonamiento a las cadenas de valor de los bienes agropecuarios más importante de la República Dominicana.
Al evaluar el valor total de la producción agrícola del año 2020, en comparación al valor para el año 2012, se puede apreciar que hubo un incremento de cerca de 135 mil millones de pesos, equivalente a 2,256 millones de dólares. A nivel de pesos dominicanos, el incremento fue de 851%. A nivel de dólares, […]