La Fundación Economía & Democracia analiza brevemente los niveles inflacionarios, su impacto en la canasta familiar, a la vez que formula algunas recomendaciones de acciones de políticas públicas para mitigar los efectos en la población de menores ingresos.
En el año 2022, Haití realizó importaciones totales por 4,240 millones de dólares, y exportaciones por cerca de 1,302 millones de dólares, para un comercio exterior total de 5,542 millones de dólares, para un balance total negativo de 2,938 millones de dólares.
Se podría evaluar la competitividad real que el país tendría en determinados cultivos, desde la perspectiva del mercado nacional y/o extranjero, siempre considerando en términos estrictos la seguridad y soberanía agroalimentaria, que debe ser innegociable.
La República Dominicana, su clase dirigente, con clara conciencia nacional, debe priorizar, a través de la implementación de diversas políticas públicas, la producción agroalimentaria nacional.
La importancia de la cartera de préstamos agropecuarios con relación al total prestado al sector privado, ha tenido un descenso marcado en los últimos años.
Considerando la actual estructura productiva y operativa de todas las actividades económicas, por un lado, y la gran dotación de recursos naturales y posición geográfica del País, por otro lado, se puede considerar que el sector agropecuario dominicano se está explotando muy por debajo de su potencial.
La medida se dispuso atendiendo un alegado incremento en un 118% de las exportaciones, por lo que presuntamente se pretende garantizar la soberanía y seguridad alimentaria dominicana con relación al referido producto.
Al cierre del año 2021, la actividad agropecuaria experimentó un crecimiento interanual de 2.6% en su valor agregado, totalizando cerca de 306 mil millones de pesos, equivalente al 5.7% al PBI total.
El gasto promedio ejecutado a través del Programa 98, de Administración de Contribuciones Especiales en los años bajo estudio, fue equivalente al 14.3% del presupuesto del Ministerio de Agricultura.
La importancia que se le da a una o a un conjunto de políticas públicas, debe necesariamente traducirse en el gasto público que realmente se realiza para su ejecución o adopción.
En términos de generación de empleos, según el Banco Central, en las actividades agropecuarias hay 358,105 mil personas ocupadas para finales de diciembre del año 2021, siendo solamente superada por las actividades de comercio e industria.
La Fundación Economía & Democracia solicita encarecidamente al Gobierno que retire esa iniciativa legislativa y que se evalúen otras opciones más favorables al interés nacional.
Escribe el destacado economista Eladio Contreras Reyes.
Les corresponde a las entidades oficiales vinculadas al sector de las Mipymes, diseñar, evaluar y formular acciones de políticas públicas, que tiendan a atenuar o disminuir esas características estructurales que prácticamente condenan al fracaso, el accionar de las micro y pequeñas empresas en la República Dominicana.
En términos generales, los seguros de desempleo o de desocupación laboral, o subsidios, subvenciones por paro forzoso o cesantía, etc., son pagos efectuados por los gobiernos a las personas desempleadas que han realizado cotizaciones en el tiempo que han estado empleadas.
Es conveniente que, desde el Gobierno dominicano, se entienda que la población está esperando reducciones reales de los precios de los artículos de su interés.