La producción alimentaria dominicana sin dolientes en el Gobierno. Los agroempresarios y sus trabajadores empujando solos la carreta.
Los funcionarios que deberían ocuparse de facilitar las cosas, solo se preocupan por los negocios de las importaciones.
Es innegable que la población dominicana ha recibido noticias muy positivas en los días transcurridos del presente mes: la economía terminará el año creciendo más de dos dígitos, con mejora en la calificación que hacen las agencias, el turismo (eje transversal de nuestra economía) en franca recuperación y con remesas a familias empobrecidas de más de 10,000 millones de dólares al 31 de diciembre.
El inventario de arroz, tan cacareado por las autoridades, no se debe a una producción récord como ellas pronosticaron, tampoco a un aumento significativo de la producción nacional.
La verdad es que se produjo como resultado del aumento de las importaciones y de la disminución -léase bien- del consumo de media libra promedio de cada dominicano o dominicana.
Hoy 30 de noviembre no se han publicado los informes mensuales de la actividad agrícola hasta el 30 de octubre, ni se han dado a conocer los resultados de las compras y ventas de productos que además de las pérdidas económicas, en almacenes se han perdido por deterioro una cantidad considerable de papas, zanahorias, cebollas, ajo y otros productos.
El experto agropecuario Carlos Segura Foster recordó el daño del año anterior que sufrieron tanto los productores como el Gobierno por el inadecuado manejo que dieron al cultivo de cebolla, con producción nacional por encima de la demanda.
Hemos detectado una información errónea en lo que respecta la producción de arroz. No es la primera vez, en honor a la verdad, que desde el Ministerio de Agricultura se sirven informaciones distorsionadas. Por tanto, recurro a los informes oficiales publicados por dicho Ministerio en su portal, donde se establece que la producción de arroz en el año 2020 alcanzó los 11,143,155 quintales y en el año en curso 11,238,146 quintales. Una diferencia de 94,991 quintales, para un crecimiento de un 1%. En el 2020 se sembraron 2,712,173 tareas y en este año 2,743,807, una diferencia de 31,634 tareas.
La política agropecuaria del presidente Danilo Medina respaldó el afán de los productores del campo dominicano de mejorar sus ingresos, cooperando en la estrategia de agregar valor a los productos cultivados con la comercialización, industrialización y exportación.
La ineptitud de las autoridades y el poco aprecio por la producción nacional, unido al interés de favorecer negocios de importaciones, amenazan la autosuficiencia alimentaria alcanzada.
En los gobiernos de Danilo Medina hubo tranquilidad y satisfacción, tanto en el campo como en la ciudad. ¿Por qué destruir ese legado?
Las ayudas deberían orientarse a las actividades de mayor potencial de producción en cada localidad, ejemplo: la crianza de chivos puede ser más conveniente en una localidad, pero no así en otra región.
El experto agropecuario Carlos Segura Foster pasa balance a las políticas del Gobierno en el sector y advierte sobre el peligro inminente de la pérdida de la seguridad alimentaria en República Dominicana.
Es falso que los valores a que se vendían los permisos en dichas subastas produjeran aumentos de precios en los alimentos, pues siempre los comisionados actuaron apegados al criterio de la salvaguarda del productor nacional.
Los productores que han confiado en su país y han hecho cuantiosas inversiones y los ciudadanos -consumidores orgullosos de los alimentos cosechados en los campos dominicanos, debemos espabilarnos y juntarnos para exigir a las autoridades desistir de este camino malo que lleva al fracaso y a la ruina.
Ningún Gobierno tiene derecho a ponerse a dañar las cuantiosas inversiones realizadas y el trabajo de familias y comunidades por el solo capricho de denostar y favorecer a unos pocos allegados políticos.
Las familias dominicanas sufren estos desaciertos con las alzas de precios y nuestros hombres y mujeres del campo pasan por un momento difícil al tener que producir con unas autoridades indolentes.
Los gastos administrativos, que incluyen: nómina, financiamientos vehículos, viáticos e incentivos al personal, se han incrementado en el último año, según se observa en los Estados Financieros, desde RD$756.2 millones en julio 2020 hasta RD$912.78 millones en julio 2021.