En los últimos días, diversos sectores de la vida nacional, han externado su preocupación por los altos niveles de precios de prácticamente todos los productos que se comercializan en la República Dominicana, y nos han preguntado qué se podría hacer para mitigar en lo posible, ese proceso generalizado de alzas de precios, que tiene un componente nacional y un componente importado.

El pasado año 2021, la tasa de inflación cerró en 8.50%, superando con creces la meta de inflación que era de 4% más o menos 1%, es decir, de 3% a 5%.

En los últimos 5 años, la tasa promedio de inflación ha sido de 4.62% anual. El nivel más bajo fue en el año 2018 con 1.17%. El nivel más alto fue en el año 2020 con 5.55%.

Como es sabido, los procesos inflacionarios disminuyen la capacidad real de compras de los consumidores, por lo que afecta de forma significativa el nivel de vida de las familias, las operaciones de las empresas y también, por qué no decirlo, de los gobiernos.

En el caso de los gobiernos hay que hacer una precisión importante: La existencia de los impuestos ad valorem le confieren la capacidad a los gobiernos de ir indexando sus recaudaciones en la medida en que se elevan los precios.

Es decir, como el cálculo para determinar los valores a pagar se hace sobre la base de aplicar una tasa porcentual sobre un monto imponible, ya sea en el comercio interno, por el ejemplo el ITBIS, los selectivos al consumo, y en el caso del comercio exterior, los impuestos arancelarios se estiman aplicando la tasa porcentual sobre el valor CIF, que significa la sumatoria de la factura de compra, el flete y el seguro.

Los gobiernos, cuando se aplican impuestos ad valorem, salen beneficiados en términos recaudatorios, de los procesos inflacionarios, hasta cierto punto. Cuando se mide la eficiencia de los impuestos específicos, se da lo contrario: las recaudaciones fiscales disminuyen en términos relativos.

El problema de los procesos inflacionarios que sobrepasan las metas de inflación, radica en que, al reducir significativamente el poder adquisitivo de las familias, generan grandes tensiones socioeconómicas, que se convierten en un círculo vicioso de alzas interminables de todos los factores de la producción: salario, intereses y rentabilidad del empresario, que afectan los niveles de vida de las familias y los niveles operativos de las empresas.

Aparte de los problemas de origen nacional que afectan los niveles de precios de los servicios y bienes que se producen y comercializan en la República Dominicana, es indudable que a raíz del proceso de normalización mundial o de desconfinamiento post pandémico, algunos bienes y servicios asumieron unos niveles de precios nunca vistos.

Solamente hay que recordar la crisis de los contenedores que de un costo promedio de 2,000 y 3,000 dólares llegaron a sobrepasar los 15,000 dólares, lo que encareció sustancialmente los precios finales de todos los involucrados en el proceso.

Pero ante este grave problema, ¿qué hacer?

Los factores que son de origen interno, desde el Gobierno, hay que identificar cualquier tipo de ineficiencia o distorsión que genere sobrecostos de los procesos que involucran a las familias y/o las empresas. Hay muchas actividades donde se verifican quejas de la ciudadanía y de las empresas.

Para citar un solo ejemplo, el caso del tránsito y/o el transporte actualmente está generando muchos inconvenientes, que al final de la jornada, se traducen en sobre costos de la población.

Una gestión medianamente disciplinada y racional, que involucre al INTRANT, DIGESETT, los ayuntamientos, los sindicatos de transporte, entre otros actores públicos y privados, pudiera, sin mayores esfuerzos, generar eficiencias significativas en la gestión del tránsito y transporte, que se traduciría en ahorros significativos para las familias y/o las empresas.

El Gobierno Dominicano debe emplearse a fondo para identificar oportunidades de mejora en todos los procesos de la vida nacional, que, por su nivel de ineficiencia u otros factores, pueden generar sobrecostos a las familias y/o las empresas.

Por otro lado, los factores que son de origen externo, deben recibir un tratamiento especial desde el Gobierno, tomando en consideración la coyuntura mundial que se está viviendo desde el último cuatrimestre del año 2020, con la crisis de la logística de suministro y transporte, y más recientemente, con la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania.

Esas disrupciones se han traducido en cuellos de botella en el proceso de producción de bienes finales y/o intermedios que están afectando la cotidianidad productiva internacional, generando alzas en los precios de bienes y servicios claves para la economía mundial.

La República Dominicana no está exenta de ese problema. En los últimos 15 meses el país se ha visto afectado por esos aumentos inusitados de algunas de las materias primas que son vitales para la industria nacional, como son la soja, los aceites, el trigo, el petróleo, entre otros.

A partir del surgimiento de la pandemia del Covid 19, febrero y marzo del año 2020, la economía mundial entró en franca recesión, lo que se tradujo en una paralización de la demanda mundial de ciertos bienes y servicios.

A partir del desconfinamiento, entre los meses de julio, agosto y septiembre del año 2020, la fuerte demanda mundial de toda clase de bienes y servicios, que estuvo constreñida durante varios meses, provocó un alza inusitada de precios de los bienes y servicios de mayor demanda.

Esa situación generó, obviamente, que los valores CIF, se incrementaran sustancialmente, lo que se traducía, en un mayor nivel de aranceles a pagar por la importación de dichos bienes, lo que, finalmente, impactaba negativamente los niveles de precios internos de las economías de todo mundo.

Entonces, ante un panorama económico internacional sumamente incierto, una de las opciones que tiene el Gobierno dominicano es, de manera transitoria, reducir la base imponible de los aranceles a los bienes de mayor incidencia en la economía dominicana.

Se podría establecer que, en lo que se estabiliza el mercado mundial de bienes y servicios, utilizar como base de cálculo CIF, los valores prevalecientes en el año 2019. Obviamente que ese tratamiento preferencial solo aplicaría para el cálculo de los aranceles, ya que, los empresarios van a utilizar para su fijación de precios, los aranceles realmente liquidados en la Dirección General de Aduanas (DGA), más la factura real de compra de los bienes importados.

Entonces, en la sugerencia que hacemos, los empresarios importadores pagarían aranceles sobre la base consensuada del año 2019, pero pagarían el ISR sobre los pagos realmente liquidados.

Sugerimos revisar si, al amparo de:

·         la Ley General de Aduanas, No 168-21,

·        del  Decreto No 36-11, del 20 de enero de 2011, que aprueba el Reglamento para la Valoración Aduanera conforme al Acuerdo del Valor del GATT de 1994

·         y  del  Decreto No 431-17, del 4 de diciembre de 2017, que crea e integra el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC), con el objetivo de facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, esas disposiciones transitorias se pueden tomar.

Obviamente que esa medida requeriría de un gran Acuerdo Nacional del Presidente Luis Abinader a nombre del Gobierno dominicano, con las principales fuerzas políticas y las organizaciones empresariales. 

Ahora que está en sesión casi permanente el Consejo Económico y Social (CES), es una buena oportunidad para evaluar esas opciones.

Ese tratamiento que sugerimos podría ser aplicable a los impuestos a los combustibles también. Se podría tomar el nivel de precios promedio de paridad de importación del año 2019, y aplicarle los impuestos y márgenes de distribución establecidos en la Ley de Hidrocarburos.

Ya para finalizar, es conveniente que, desde el Gobierno dominicano, se entienda que la población está esperando reducciones reales de los precios de los artículos de su interés… no es que le expliquen el por qué están elevados…

Estamos viviendo tiempos de sacrificios… pero debe ser para todos.

Son simples reflexiones…

El autor es economista, con altos estudios en administración financiera, formulación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo.