Considerando la actual estructura productiva y operativa de todas las actividades económicas, por un lado, y la gran dotación de recursos naturales y posición geográfica del País, por otro lado, se puede considerar que el sector agropecuario dominicano se está explotando muy por debajo de su potencial.
La medida se dispuso atendiendo un alegado incremento en un 118% de las exportaciones, por lo que presuntamente se pretende garantizar la soberanía y seguridad alimentaria dominicana con relación al referido producto.
Al cierre del año 2021, la actividad agropecuaria experimentó un crecimiento interanual de 2.6% en su valor agregado, totalizando cerca de 306 mil millones de pesos, equivalente al 5.7% al PBI total.
El gasto promedio ejecutado a través del Programa 98, de Administración de Contribuciones Especiales en los años bajo estudio, fue equivalente al 14.3% del presupuesto del Ministerio de Agricultura.
La importancia que se le da a una o a un conjunto de políticas públicas, debe necesariamente traducirse en el gasto público que realmente se realiza para su ejecución o adopción.
En términos de generación de empleos, según el Banco Central, en las actividades agropecuarias hay 358,105 mil personas ocupadas para finales de diciembre del año 2021, siendo solamente superada por las actividades de comercio e industria.
La Fundación Economía & Democracia solicita encarecidamente al Gobierno que retire esa iniciativa legislativa y que se evalúen otras opciones más favorables al interés nacional.
Escribe el destacado economista Eladio Contreras Reyes.
Les corresponde a las entidades oficiales vinculadas al sector de las Mipymes, diseñar, evaluar y formular acciones de políticas públicas, que tiendan a atenuar o disminuir esas características estructurales que prácticamente condenan al fracaso, el accionar de las micro y pequeñas empresas en la República Dominicana.
En términos generales, los seguros de desempleo o de desocupación laboral, o subsidios, subvenciones por paro forzoso o cesantía, etc., son pagos efectuados por los gobiernos a las personas desempleadas que han realizado cotizaciones en el tiempo que han estado empleadas.
Es conveniente que, desde el Gobierno dominicano, se entienda que la población está esperando reducciones reales de los precios de los artículos de su interés.
Evidentemente el empleado corre un gran riesgo ya que, dependiendo de la gravedad de las acciones que cometa, en algunos casos pudiera ser despedido sin derecho a prestaciones laborales.
Lo más aconsejable en la política general de apoyos a los productores agropecuarios, es tratar de hacerlo mediante acciones que no generen tantas distorsiones, y que sean, sobre todo, transparentes y trazables.
El pasado día 27 de septiembre, el Presidente Luis Abinader Corona, emitió el decreto No 605-21, donde, en el artículo No 1, se derogaron los decretos No 505-99, del 24 de noviembre del año 1999, y el No 569-12, del 11 de septiembre del año 2012.
Los grandes retos de los sistemas agroalimentarios son producir bajo esquemas de sostenibilidad ambiental y a costos razonables, los alimentos y materias primas de origen agropecuario, para una población y economía que está en constante crecimiento.
La agropecuaria, además de ser rentable, tiene que serlo con perspectiva ambiental. En otras palabras, la rentabilidad sostenible es el criterio que prevalecerá para tener acceso a los mercados.
Hay que mejorar el acceso a mercados y facilitar inversiones para productos amigables ambiental y socialmente, reduciendo los impactos negativos sobre los ecosistemas naturales y el clima global.