Recientemente, un reputado economista dominicano, Eduardo García Michel, publicó un artículo sobre los peligros de la inmigración ilegal de extranjeros, especialmente de haitianos.

En el primer párrafo, literalmente decía lo siguiente: “Un país puede aceptar inmigrantes para cubrir determinados puestos de trabajo, pero jamás consentir la penetración ilegal de cientos de miles, de bagaje educativo y cultural precario, pues si lo hace diluye su idiosincrasia y renuncia a modelar a conciencia su propio destino.”

Compartimos completamente lo externado por el Señor García Michel.

Los procesos migratorios son fenómenos motivados por diversas razones, entre las que se destacan básicamente dos:

1.     Por razones de intolerancia política, amenazas de prisión, torturas o muertes, que se verifican en países con regímenes dictatoriales, con guerras de guerrillas o alta actividad delictiva sin ningún control de las autoridades de seguridad de esos países. Es decir, la primera razón que mueve a una persona para irse de su tierra natal es la preservación de la libertad o de la vida.

2.     Desigualdad de las condiciones socioeconómicas entre el país emisor de migrantes y los países receptores de los migrantes. El ser humano tiende a migrar a donde las condiciones socioeconómicas sean más favorables para su residencia temporal o definitiva, ya sea trasladando a su familia del país de origen al país receptor, o ya sea creando una familia en el país receptor con una pareja inmigrante o nativa de ese país. Entonces, bajo este razonamiento, la segunda causa o razón para que alguien abandone su tierra natal está vinculada al bienestar material y social.

Con el vecino Haití se dan esas dos condiciones…entonces, ¿cuál debe ser el accionar inteligente de la República Dominicana ante esa situación?

Mientras se siga haciendo lo mismo no se podrá esperar cambios ante una situación determinada. Ante el problema de la inmigración ilegal o irregular, se presenta un conjunto de situaciones que fomentan las prácticas ilegales y garantizan impunidad de los funcionarios públicos y organizaciones de trata de personas en la República Dominicana.

Veamos los dos aspectos que entendemos más importantes y sus posibles soluciones:

1.     Ausencia de una carrera consular efectiva en la República Dominicana. Aunque en el país existe, supuestamente, lo que se denomina Carrera Diplomática y Consular, para nadie es un secreto que, salvo raras excepciones, las posiciones diplomáticas y consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior (MIREX), son parte del botín de la clase política partidaria ante “favores y compromisos políticos”.

El MIREX tiene por misión “ejecutar la política exterior del Estado, vinculando la agenda y los planes de desarrollo del país en el plano internacional, de forma dinámica, sostenible y eficaz en beneficio de la República Dominicana y sus nacionales”. 

Entonces, en lo que tiene que ver con el proceso de visado, a cargo del personal consular dominicano en todo el mundo, este, no debe depender de la voluntad y criterio del cónsul en cuestión, porque ese funcionario recibe un beneficio económico por cada visa que otorga. El proceso de visado debe ser permanentemente monitoreado desde el MIREX en la sede dominicana, para saber si responde a la estrategia de desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Se supone que las visas a ciudadanos del resto de mundo se otorgan en base a la necesidad nacional de llegada de turistas transitorios, personal de alta calificación profesional con contratos de trabajo en la República Dominicana, personal de baja calificación con contrato de trabajo en la República Dominicana, inversionistas y hombres de negocios con alto potencial de inversiones en la República Dominicana, entre otro tipo de perfil del inmigrante permanente o temporal. 

El personal consular no debe recibir un centavo por el otorgamiento de visas. Eso no excluye que, en la política remunerativa del MIREX se establezcan incentivos al personal, atendiendo al cumplimiento de las metas institucionales en diversos aspectos, entre ellos el otorgamiento de visas siguiendo el debido proceso de depuración y seguimiento de los inmigrantes en el país.

2.     Establecimiento y/o endurecimiento del régimen de consecuencias para el personal oficial involucrado en inmigración ilegal. Para nadie es un secreto la operación de organizaciones en la trata de inmigrantes con destino a la República Dominicana.

Esas organizaciones operan en complicidad con funcionarios y empleados de las entidades oficiales que tienen contacto directo con los potenciales inmigrantes. Aunque diariamente en los medios de comunicación se anuncia supuestos desmantelamiento de bandas de ese tipo, a diario se dice que los inmigrantes que deportan al día siguiente o ese mismo día retornan a la República Dominicana pagándole sobornos a los mismos funcionarios que los deportaron horas antes.

Ese tipo de actuaciones de funcionarios públicos, civiles y militares, debe verse como una violación a sus funciones oficiales, a la soberanía y se constituye en una traición a la patria con fines económicos y como tal deben ser sancionadas.

Sería prudente evaluar la posible modificación de la Ley No 285-04, Ley General de Migración, donde se contemple la tipificación de las acciones irregulares de ese personal y la responsabilidad penal y civil agravada que implicaría.

Hasta ahora el tema de la inmigración ilegal, se ha abordado de manera irresponsable e hipócrita, llegando al punto de que, gente, que según rumores populares han estado involucrada en esas prácticas, por sus posiciones pasadas y presentes en instituciones públicas vinculadas a la inmigración ilegal, viven pregonando un interés seudo nacionalista que en realidad nunca lo han tenido, pero que sí les ha servido para tratar de posicionarse como figuras políticas en la República Dominicana.

Hay que desenmascarar a los que por comisión u omisión han fomentado y se han beneficiado económicamente de la inmigración ilegal, que, repito, es una violación a la soberanía nacional y una traición a la Patria…y deben recibir un castigo ejemplar…seguimos…

El autor es economista, con altos estudios en administración financiera, formulación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, rural, industrial y pymes. En su historial en el sector público se establece que fue Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura y Asesor del Ministerio de Agricultura de Políticas Públicas Agropecuarias. Actualmente es el Director Ejecutivo (HONORÍFICO) de la Fundación Economía & Democracia, Inc., (FUENEDEM).