El especialista agropecuario y dirigente político, Carlos Segura Foster, calificó como un «pecado capital» la política económica de la actual gestión gubernamental, denunciando que se ha privilegiado sistemáticamente la importación de alimentos en perjuicio de los productores locales.

Durante su intervención en el programa «Ojalá Agropecuario», Segura Foster advirtió que el país enfrenta una vulnerabilidad crítica ante la inestabilidad de los mercados internacionales y el alza de los combustibles.

Según el experto, productos esenciales de la canasta familiar que históricamente se producían con autosuficiencia, como el pollo, la papa y otros, están siendo desplazados por importaciones masivas.

El pecado capital

«Estamos importando hasta batata», señaló, subrayando que mientras en décadas anteriores se producía entre el 80% y el 90% de lo que consumía el pueblo dominicano, la tendencia actual ha revertido estas cifras, haciendo que el país dependa peligrosamente de suministros externos.

Segura Foster también vinculó el deterioro del sector con la desaparición de programas de asistencia técnica y fitosanitaria.

Denunció que el abandono de brigadas de control de plagas ha provocado una caída drástica en la calidad y cantidad de cultivos estratégicos, citando como ejemplo la proliferación de enfermedades en las plantaciones de musáceas y leguminosas que no han sido atendidas por las autoridades.

En el ámbito financiero, el especialista criticó la concentración de la riqueza en el sector, afirmando que los grandes productores se han transformado en importadores que aprovechan exenciones arancelarias otorgadas desde 2021.

Sostuvo que esta dinámica no se traduce en ahorros para el consumidor final, sino en mayores márgenes de beneficio para los intermediarios, mientras la población enfrenta el impacto de la inflación.

Finalmente, Segura Foster extendió su crítica hacia los servicios públicos, asegurando que el país ha retrocedido 15 años en materia energética.

Alertó sobre el incremento del subsidio eléctrico, que según sus datos superó los 2,000 millones recientemente, y cuestionó la capacidad de respuesta oficial ante los apagones generales que afectan la productividad nacional y la calidad de vida de los ciudadanos.