Cada vez que aparece un antiguo funcionario cabizbajo, la excitación es múltiple. La euforia repite que el fin de la impunidad llegó. Errada y peligrosa afirmación. La inercia y complicidad de la fiscal, en el caso Mayelin, confirma su persistencia. “Parece que la mató la brisa”, como dice su madre.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU pide a España que borre los antecedentes penales del juez, inhabilitado tras ser condenado por prevaricación en 2012 tras los casos Franquismo y Gürtel, así como una compensación por el daño sufrido. No obstante, los dictámenes de dicha comité no tienen carácter de resolución judicial.
En su exhorto, se plantea que Porras destituyó de forma arbitraria a Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de haber manipulado investigaciones desarrolladas por esa entidad.
Ningún Estado democrático puede considerar ciudadanos de segunda categoría a quienes no profesen una fe particular. Y, en ese sentido, tiene que garantizar que no se confunda el pecado con el delito.
Del incienso en la Cámara y su influencia, hasta la actitud de los representantes del primer poder del estado que compromete el contenido del código, solo la pausa impediría una calamidad.
La historia de fugitivos y desaparecidos es fascinante. La creatividad, la complicidad y esa manera descarada de tener culpables favoritos, ha permitido la variedad de subterfugios para evadir la aplicación de la ley.
Muchos se reinventaron, lograron exorcizar demonios.
Comisión de Constitución del Senado de Chile avanzó en la tramitación del matrimonio igualitario. Chile da un nuevo paso en su estándar civilizatorio, reconoce la lucha de un colectivo de personas sostenida por largos años, pero, lo más importante, la sociedad y el Estado legitiman a miles de familia.
«Denunciar o callar es el dilema. Entre la espada y la pared, el silencio no es miedo ni conveniencia. Hoy, para algunos, de nada sirve la palabra».
José Dantés Díaz, miembro del Comité Político y Secretario de Asuntos Jurídicos, expresó que al Partido de la Liberación Dominicana le preocupa sobremanera las actuaciones que al margen de la ley están realizando las actuales autoridades en perjuicio de derechos fundamentales de ciudadanos…
La Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, sostuvo que al parecer para la Inspectoría del Ministerio Público algunos de los funcionarios de esa institución que formaron parte de la gestión de Jean Alain Rodríguez, tienen una cruz de “quítate o vete”. La titular habló en esos términos al referirse al acoso laboral y del que es víctima por parte del Inspector del Ministerio Público, Juan Medina, en una entrevista con la periodista Julissa Céspedes, en su programa 55 minutos de CDN, canal 37.
Recientemente, el empresario del transporte y actualmente senador de la alianza Fuerza del Pueblo (FP) – Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, depositó una denuncia en la Procuraduría General de la República solicitando que se investigara a funcionarios del pasado gobierno por prevaricación y corrupción, entre ellos a mi persona.
Aparentemente, lo único perentorio era la exclusión de las tres causales; la calidad del Código se arreglaría sobre la marcha.
Esto hace pensar que, después de todo, sí se está cumpliendo un compromiso de campaña, sólo que no uno público.
Tal y como revelaremos ante la justicia, contamos con todos las pruebas que sustentan el patrimonio que lícita y honestamente ha adquirido el MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE.
Mientras en el sector privado la separación del trabajo puede ser por desahucio, despido y/o renuncia; en el Estado el concepto que se usa cuando son separados de sus cargos es por desvinculación o renuncia.
La procuradora general, Miriam Germán Brito, prohibió a todos los fiscales del país que conocen de violencia de género levantar “actas compromisos” (…)