Wenceslao Vega, autor de la imprescindible “Historia del Derecho Dominicano”, menciona los efectos del colonialismo jurídico. Severo y contundente, imputa desidia a los juristas criollos, deslumbrados con las obras de los maestros franceses.

Aceptaron esa aculturación -dice- y son incapaces de crear normas que obedezcan a nuestra realidad. El resultado es, afirma Vega, una judicatura, una doctrina y una jurisprudencia a todas luces mediocre.

El zarandeado proyecto de ley que pretende convertir el Código Penal en “moderno”, ha expuesto el peligro de acatar los dictados del “saber jurídico usurpado”- CIB. HOY 22.10.2018-.

Las consecuencias del populismo que interfiere la ley, además de las decisiones judiciales, provocarán un caos institucional que los vociferantes leguleyos no prevén o les importa poco valorar.

Los vaivenes del texto, las excusas, el argüir voluntad política para validar disparates, son inconcebibles, después de más de dos décadas discutiendo la nada.

Desde la necesidad de adecuar el código para tipificar conductas reprobables, hasta las observaciones hechas por los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, prevalecen el desconcierto y la banalidad.

Ha estado ausente la disquisición serena sin el tizne coyuntural. Mientras la opinión pública se concentraba en la discusión para evitar o establecer las tres casuales que permitirían la realización del aborto, el absurdo se ha impuesto en un texto contradictorio con redacción de distintos amanuenses.

Cuando el Senado de la República aprobó el proyecto de modificación del Código Penal en el 2014, el júbilo fue enorme. Los legisladores celebraron sus estrambóticas reformas, convencidos de su pertinencia. Y el saber jurídico nacional, que ya no está en las Escuelas de Derecho, impertérrito, limitó el comentario para unirse al coro.

Los opinantes, regocijados, mencionaban el logro del cúmulo de penas y el aumento de la pena máxima. Entusiasmó a las gradas la tipificación del sicariato y como si se tratara de una feria con pregón alababan – ahora también- la sanción para el administrador de “ácido del diablo”. La especificación de la sustancia excluye el uso de productos similares que provocan el mismo efecto – Voluntad Política y Disparate”- CIB- 7.07.2014-.

Del incienso en la Cámara y su influencia, hasta la actitud de los representantes del primer poder del Estado que compromete el contenido del código, solo la pausa impediría una calamidad.

Mortifica el recuento, pero conviene recordar que además de las observaciones presidenciales, existe una sentencia del Tribunal Constitucional-TC- -17 XII 2015- que declara “la inconstitucionalidad de la ley 550-14, que instituye el nuevo Código Penal”.

Especular es fácil, por eso las elucubraciones se multiplican, sin embargo, las preguntas no tienen respuestas. ¿A quién pretenden beneficiar, proteger o perjudicar los legisladores?

El miedo al aborto está descartado porque triunfó la mentira, la execrable intromisión en la vida de las mujeres. El menjunje de infanticidio con supresión de embarazo. 

La obscenidad de convertir una situación de fuerza mayor en pecado…”-Opción y Obsesión-CIB- 3.07.2017.

Las propuestas al proyecto, provenientes de la Procuraduría General de la República, son más que pertinentes. Procede su ponderación, aunque implique suspender la emoción y el vedetismo.

En la “Carta Quinta” del imperdible intercambio epistolar entre Alejandro Nieto y Tomás Ramón Fernández, publicado como “El Derecho y El Revés”, el segundo escribe: “No es cierto que la ley sea expresión de la voluntad general, tampoco puede decirse que lo sea de la voluntad popular. La ley es solo la expresión de la voluntad de la mayoría gobernante, lo que equivale a decir de unas muy pocas personas con nombre y apellidos que se encuentran con el pueblo una vez cada cuatro años. 

Una voluntad voluble y tornadiza como la propia mayoría de la que procede, especialmente cuando esa mayoría es resultado de la suma obligada de peras con manzanas”.

Alejandro Nieto responde -“Carta Sexta”- después de aseverar que el legislador es testarudo y el TC perezoso: “La administración y los particulares hemos de pagar, durante años, los errores de una noche legislativa”.

Pedir que eviten el desastre luce necedad. Incierto es el destino del Código Penal.