Organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil de Guatemala presentaron un antejuicio contra la fiscal general, María Consuelo Porras, por denegación de justicia y abuso de autoridad.

En su exhorto, se plantea que Porras destituyó de forma arbitraria a Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de haber manipulado investigaciones desarrolladas por esa entidad.

“Este abuso de su cargo viola el artículo 60 de la Ley Orgánica del MP y atenta contra la independencia fiscal, sentando un antecedente peligroso que abre la posibilidad para remover fiscales sin agotar los procedimientos disciplinarios establecidos en la ley”, expresaron en su comunicado.

El antejuicio se planteó a nombre de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos «Oliverio Castañeda de León», la Asociación de Estudiantes Landivarianos, Alianza por las Reformas, Udefegua y FADS. 

Por otro lado, las organizaciones indican que ven con preocupación que cuentas en redes sociales “vinculadas a grupos específicos ligados a la corrupción”, obtienen información de casos que se encuentran bajo reserva legal y anticipan acciones internas del MP que luego son formalizadas.

El exfiscal anticorrupción se marchó al exilio a Estados Unidos el 24 de julio desde donde a través de una abogado ha pedido a la Corte Suprema de Justicia la restitución en el cargo por haber sido despedido de forma «ilegal».

La demanda se produce cuando miles de campesinos guatemaltecos iniciaron este lunes una serie de movilizaciones y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente del país, Alejandro Giammattei, por supuestos actos de corrupción durante su Gobierno.

Como parte del paro convocado por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), varias demandas confluyen como la instalación de un Gobierno de transición y Asamblea Constituyente que cambie la actual Carta Magna.

También denuncian los altos costos de la canasta básica, la privatización de la salud, el negligente manejo de la pandemia y la corrupción rampante, consignas plasmadas en carteles.

A esta movimiento que ha consistido en el bloqueo de carreteras y marchas por varias ciudades guatemaltecas, incluyendo la capital, también se ha registrado, en forma paralela, otra acción de protesta, protagonizado por exmilitares que buscan una indemnización.

Los veteranos exigen a las autoridades la aprobación de la iniciativa 5664, Ley de Compensación Económica por la Prestación de Servicio Militar durante el Enfrentamiento Armado Interno.

Esta normativa establece que cada uno recibiría 120.000 quetzales (casi 15.500 dólares) como resarcimiento por su participación en el conflicto armado interno.