Las constituciones son herramientas llamadas a regir una sociedad concreta, con sus problemas particulares.
Por eso, debe ser capaz de adaptarse siempre a los cambios que se producen en ella. Si no es capaz de hacerlo, los problemas se agravan y la cuerda se rompe por lo más delgado: la propia Constitución, que termina siendo desechada por vías no democráticas.
Ningún Estado democrático puede considerar ciudadanos de segunda categoría a quienes no profesen una fe particular. Y, en ese sentido, tiene que garantizar que no se confunda el pecado con el delito.
Las mujeres tomaron las calles y nos enseñaron el camino. Será imposible dar marcha atrás; la República Dominicana será más libre, y antes de lo que muchos pueden suponer.
Aparentemente, lo único perentorio era la exclusión de las tres causales; la calidad del Código se arreglaría sobre la marcha.
Esto hace pensar que, después de todo, sí se está cumpliendo un compromiso de campaña, sólo que no uno público.
La labor legislativa es una labor colaborativa. De nada sirve negar el papel central de un Poder Ejecutivo que puede proponer leyes y observarlas, obligando al Congreso a reunir una supermayoría para imponer su voluntad.
Erraron quienes subestimaron el campamento, erraron quienes creyeron que las mujeres se cansarían. Ha pasado un mes, y cada día muestran más fuerza y concitan más apoyos.
Una sociedad que usa el velo constitucional para cubrir las prácticas que no quiere abandonar. Así quedan atrapados los derechos de las personas.
El derecho de cada cual de vivir su fe es inseparable del derecho de los demás a no tener que asumir la fe ajena, y menos obligados por el Estado.