La Amazonía, un tesoro de biodiversidad única, enfrenta una nueva crisis ambiental que amenaza la supervivencia de una de sus especies más representativas: las tortugas charapa (Podocnemis expansa).
El paciente es un hombre de más de 65 años con problemas de salud previos y residente en Luisiana.
Un nuevo estudio revela que, aunque los árboles pueden enfriar significativamente las ciudades durante el día, sus copas pueden contener el calor y aumentar las temperaturas por la noche.
El récord va en paralelo al calentamiento del planeta, que vivirá este año el más cálido desde que hay registros.
La pérdida de biodiversidad, cada vez mayor, de acuerdo con las estadísticas, está íntimamente relacionada con la escasez del agua, la seguridad alimentaria, la salud y el cambio climático.
El programa Recover cuenta con una financiación de más de 9,8 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y será gestionado por el PNUD y la FAO.
En 2021, estas zonas agrícolas alcanzaron un ingreso económico de R$ 338 mil millones, representando el 57 % del total nacional.
Gabriel Păun (Rumania): Inspiración y Acción, fundador de Agent Green, protegió miles de hectáreas del bosque primario de los Cárpatos, enfrentando riesgos personales.
Los equipos de rescate, incluidos los refuerzos de Francia, están buscando supervivientes debajo de los escombros.
Esta propuesta ofrece un camino a seguir para recuperar a esta especie “única”, facilitando mayores recursos, coordinación y esfuerzos de investigación.
El cambio climático no solo está alterando los termómetros; también está exacerbando las desigualdades globales.
La comunidad observa cómo desaparecen sus redes, sus manglares y sus esperanzas. La empresa, al ignorar el clamor de pescadores y defensores del ecoturismo.
Los científicos dicen que más de 9,000 especies de invertebrados no marinos se han extinguido en Australia desde la llegada de los europeos en 1788.
El almacén que han utilizado para guardar el carbón del gremio es un mercado que está en construcción desde hace tres años por el gobierno central de la provincia.
Representantes de la sociedad civil exigieron al Estado dominicano la rescisión inmediata de los contratos y permisos otorgados para la explotación minera en la zona.