La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2022-2030, liderada por el Banco Central de la República Dominicana, establece como objetivo general “impulsar la Inclusión Financiera en la República Dominicana, mediante la coordinación de acciones de política financiera que conduzcan al incremento del acceso y uso sostenible de productos y servicios financieros relevantes y de calidad”.

El acceso a servicios financieros de calidad constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico y el bienestar de la población. En el país, son importantes los avances en equidad de género, atención a personas migrantes, personas con discapacidad, población envejeciente, Mipymes lideradas por mujeres y sostenibilidad financiera.

Se destaca el aumento en la tenencia de cuentas y el acceso al crédito por parte de las mujeres, quienes actualmente representan el 48% del total de personas deudoras así como la implementación de programas de capacitación, mentoría y educación financiera para las mujeres líderes de mipymes, que fortalecen el empoderamiento económico de las empresarias y apoyan la digitalización de sus negocios. No obstante, persisten brechas significativas, particularmente en el diseño y oferta de productos financieros especializados para mujeres.

Las personas adultas mayores muestran también una participación creciente en el sistema financiero, aunque con diferencias significativas respecto a los grupos más jóvenes. Su acceso se concentra principalmente en productos tradicionales de ahorro, con una menor adopción de canales digitales debido a limitaciones tecnológicas y percepciones de inseguridad.

Un dato que demanda atención: el 16% de los adultos mayores encuestados reportó haber sido rechazado al solicitar algún servicio financiero por motivos relacionados con su edad. Esta situación evidencia la necesidad de políticas institucionales que eliminen la discriminación etaria en el acceso a servicios financieros.

Para la población migrante, las entidades financieras han comenzado a implementar mecanismos de inclusión, como productos simplificados, cuentas básicas de ahorro —ofrecidas por el 36% de las entidades— y programas de remesas con costos reducidos.

Estas acciones merecen ser sostenidas. Pero debemos avanzar con la consolidación de políticas formales de inclusión, con la asignación de recursos específicos, la medición de impacto y el desarrollo de productos que reconozcan la diversidad de la población.