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La asignación del 4% del PIB a la educación es la más importante conquista del pueblo dominicano.

Aunque lo exigía la ley desde el 1997, fue en 2013, primer período de Danilo Medina, cuando empezó a aplicarse y arrancó la jornada escolar de ocho horas.

Maestros y maestras empezaron a recibir salarios dignos. Se acometió el programa de construcción de escuelas más grande de la Historia dominicana. Se inició a gran escala la educación pública inicial con  las estancias infantiles. Se estableció el Programa de Alimentación Escolar y el INABIE para gestionarlo.

Con el Pacto Educativo se estableció la Norma 09-15 para que sólo los mejores bachilleres ingresaran a estudiar educación a las universidades. En paralelo, se desarrolló el Plan de Alfabetización que alfabetizó a más de medio millón de adultos. Por primera vez en nuestra Historia, miles de educadores del sector privado emigraron al sector público al que veían más atractivo.

Después de la revolución educativa de Hostos, a finales del siglo XIX, no había ocurrido algo semejante en la educación dominicana.

Por eso duele la contrarreforma desatada por el gobierno. Inició con cancelaciones masivas de docentes contratados por concurso, el traslado o cancelación de directivos escolares y la incorporación, al viejo estilo, de miembros PRM.

Para rematar, las autoridades del “cambio” quieren derogar la norma 09-15 para permitir que, de nuevo, a la educación ingrese “Villega y to’ el que llega”, como dice el pueblo. Esa contrarreforma es un crimen contra nuestra patria y requiere la movilización de la sociedad.