No siempre resulta cómodo tratar con objetividad, amplitud y profundidad, el desarrollo histórico de un tema social y jurídico que tiene como soporte las ciencias de la salud, especialmente cuando quien lo narra ha sido participante activo de dicho proceso.

Aún así haremos el esfuerzo por mantener el tecnicismo y apego a los hechos en el tiempo, tal como han sucedido, muy a pesar de haber deseado transitar por una ruta menos tortuosa y traumática que la vivida en la dura realidad.

Iniciaremos nuestro histórico recorrido en 1985 en la ciudad de Santo Domingo. A raíz de la desaparición del banquero Héctor Méndez a comienzo de enero de ese mismo año, seguido del hallazgo de su cadáver en unos matorrales y en avanzado estado de descomposición, el médico legista actuante en el caso certificó su fallecimiento como debido a trauma contuso craneal.

Alrededor de este deceso se tejieron todo tipo de conjeturas, las cuales adquirieron un fuerte ribete político ya que se acusaba al gobierno de la autoría intelectual del crimen. Las autoridades tenían la información de que el evento trágico no había sucedido de la forma en que lo narraba un poderoso sector de la oposición.

El presidente constitucional de la República, Dr. Salvador Jorge Blanco, en su condición de senador por el Distrito Nacional en 1980, había sido el progenitor de la ley que regirá las autopsias judiciales.

El Ministerio Público ordenó la exhumación 5 meses después de ser sepultado en la Capital en un nicho del cementerio de la avenida Máximo Gómez.

Se solicitó a la Asociación Médica Dominicana designar a un equipo de patólogos que se constituyó como la Comisión de Patólogos Forenses de la AMD. La experticia forense incluyó el traslado del cadáver al Hospital Dr. Salvador B. Gautier con la finalidad de realizar los estudios radiográficos pertinentes.

La posterior disección mostró fuera de toda duda que el occiso habría perdido la vida debido al impacto en la cabeza de dos proyectiles de arma de fuego tipo pistola calibre 45. Los proyectiles fueron recuperados en cara y cráneo respectivamente.

A partir de ese momento se inicia lo que denominaremos la Era de las Autopsias que obligó en 1988 a que el Gobierno del doctor Balaguer emitiera el decreto que creaba el Instituto Nacional de Patología Forense.

El presidente Leonel Fernández Reyna emite el decreto número 26-99 que crea la Comisión Nacional Médico-Forense responsable de la supervisión, evaluación, monitoreo de los trabajos, y la elaboración de propuestas de políticas de desarrollo, compuesta por un representante de cada una de las siguientes instituciones: Procuraduría General de la República, Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, Asociación Médica Dominicana, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Colegio de Abogados de la República Dominicana, Comisión de los Derechos Humanos, y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. Así mismo se creó un Programa de Residencia de Medicina Forense.

Al cabo de transcurrido casi un cuarto de siglo, echamos una mirada crítica al camino recorrido para ver con tristeza las condiciones presentes de la práctica de la patología forense en República Dominicana. Como duartiano diría: “Nunca me fue tan necesario el tener salud, corazón y juicio, hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria”.