El 17 de junio, Día Mundial de la lucha contra la Desertización y la Sequía, declarado por la Convención de la ONU, vigente desde 1996, una de las tres de Río 92.

En 2005 el Ministerio de Ambiente estimó que 50% del país estaba en riesgo de desertización. De la Convención salieron un programa y dos planes nacionales, el último en junio de 2020 y para entonces el riesgo de degradación era ya 70% y un 30% de tierras ya degradas.

¿Cuáles son las causas de la desertización? Las principales: deforestación, sequía, fuegos y la agricultura intensiva. Todas en aumento y agravan el impacto del Cambio Climático y más en un Nino histórico que para el Caribe significa más sequía.

 Han aumentado un 29%  desde el 2000. Son la mayor amenaza del desarrollo sostenible y  para 2050 afectaran a más del 75% de la población mundial. Mientras, RD insiste en una ley privatizadora de nuestras aguas y ríos agonizantes.

Los incendios forestales son ya una crisis mundial con 30% más para 2050 y un 50% al fin de siglo.  2024, el más caluroso desde que existen registros, y 2023 en el país fue  récord de incendios forestales con 385,860 tareas quemadas, según la Academia de Ciencias.

El inventario forestal de 2021, cubría el 42.8%. y 37.7% eran bosques y el 5.1% adicional frutales, cacao, café y aguacates.  Una disminución del 2%, comparada con la de 2010. Cifra alarmante, porque un 2% puede causar  impactos muy negativos en los ecosistemas y en la población.

Hasta 2019, más de 57 millones de árboles fueron plantados en RD, en la iniciativa de desarrollo sostenible más ambiciosa del Caribe, que había beneficiado a 12 mil personas. Con 530 mil tareas sembradas de árboles maderables y frutales en siete cuencas, en cinco provincias de la región Sur.

El rimbombante Plan Nacional de Reforestación y Restauración de Ecosistemas Forestales 2023-2024 se planteó alcanzar a agosto de 2024 una superficie reforestada de 320,000 tareas en 31 provincias, pero sólo habían plantado apenas más de 5.8 millones en todo el país como parte del plan.

Tenemos mucha investigación y mucha educación ambiental por hacer, pero son imprescindibles políticas públicas y apoyar con inversión de capital la ejecución de los planes nacionales ya elaborados.

Pero lo más importante: rediscutir la Ley de Ordenamiento Territorial, que es transversal para todos los temas ambientales, para que no ocurran casos como los del Santo Cerro, la estación de gasolina sobre el sistema de cavernas del Brujuelas, las concesiones mineras en áreas protegidas o cuencas hidrográficas estratégicas y la instalación de Barcazas contaminantes en zonas fluviales y costero-marinas.