Esta semana ha sido nefasta para la biodiversidad y el cuidado del ambiente.

Inundados los campos de los agricultores afectados por el embalse de la presa de Monte Grande, sin que hayan sido indemnizados por el Estado dominicano.

Un año cumplió la demanda de las organizaciones ambientalistas en contra de las barcazas en los Negros de Azua, sin que las autoridades judiciales digan esta boca es mía.

El Ministerio de Ambiente aprovecha para dar otro palo acechado y ratificar los contratos de las barcazas del Ozama que, comparadas con las de Los Negros, parecieran inocuas, pero no es el caso, ya lo hemos explicado.

Las barcazas en Los Negros funcionan con  Bunker C, que desde 2015 se busca eliminarlo de la normativa internacional para generación de energía porque es muy contaminante. Produce gases que esparcen plomo, azufre en el aire y el más peligroso de todos, vanadio, sólo emitido por dicho combustible.

Esos metales al ser respirados producen enfermedades respiratorias e incluso pueden causar cáncer pulmonar. También las partículas de azufre suspendidas en el aire, al juntarse con el agua de lluvia, producen lluvia ácida, que es tóxica para la biodiversidad y daña todas las infraestructuras.

No fue suficiente la mortandad de peces y cangrejos de Junio del 2023, tampoco la represión y el sufrimiento de las comunidades de Azua; tampoco ha sido suficiente dejar a los pescadores sin sustento por la contaminación causada por los residuos y el calor de las barcazas.

No importa que las comunidades, juntas de vecinos y ambientalistas se quejen de los problemas de salud que provocan la contaminación del aire y el agua de las barcazas de la muerte a los humanos y a nuestra biodiversidad en el Ozama y en Los Negros.

Está claro que para el gobierno la prioridad no es la salud del pueblo ni de los ecosistemas, sino complacer a las multinacionales y favorecer los negocios de la oligarquía extractivista.

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