La Junta Monetaria ha decidido inyectar liquidez al sistema financiero dominicano: RD$81 mil millones, para ser exactos.

De éstos, RD$17 mil millones no salen a la calle, pues se trata de una extensión por 6 meses más de las Facilidades de Liquidez Rápida, que le fueron otorgadas a las entidades de intermediación financiera, en junio de 2023.

¿Buena noticia? Sí, porque no presiona al alza las tasas de interés ante la necesidad de encontrar liquidez por otra vía.

Los restantes RD$64 mil millones de pesos, sí son recursos frescos, que se inyectan al mercado por medio de liberación de encaje legal.

Aunque esto pueda generar inflación y una devaluación del peso, el Banco Central procura dinamizar la economía, que ya viene dando signos de ralentización.

Crecimiento económico interanual de 2.5 % a abril de 2025, por debajo de lo proyectado, con sectores como construcción decreciendo (-2.3%) y crecimiento casi nulo de la manufactura local (1.5%) y manufactura de zonas francas (0.8 %).

Esta herramienta de política monetaria es más efectiva que otras. ¿En cuál sentido? La liberación de encaje legal está sujeta a que los recursos sean destinados para financiar sectores clave como manufactura, exportación, agropecuaria, mipymes y construcción, a tasas máximas del 9 % anual durante dos años.

El mensaje es claro: hay liquidez y el Banco Central apuesta a un efecto dominó.

Al reducir el costo del crédito, se estimula la demanda de viviendas y proyectos productivos, mientras las entidades financieras ganan margen y liquidez.

¿Es ésta una solución definitiva al panorama económico? No. Es un alivio, necesario pero insuficiente.

La liquidez reactivará motores de crecimiento, que debe ser complementada con reformas estructurales y políticas fiscales que eleven la inversión pública.

El Banco Central hace su parte; falta que el resto del Estado y el cuerpo legislativo remen en la misma dirección.