«La reforma fiscal está técnicamente lista», informó el ministro de Economía el 5 de agosto pasado.

Ayer, 25 días después, el Gobierno inició conversaciones con los partidos políticos, las organizaciones empresariales, laborales y sociales con el propósito de «alistarla políticamente».

¿Para cuándo? No se ha dicho, pero la fecha límite para introducir en el Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2022 (y que no le cambien una coma) vence el 31 de octubre.

Llama la atención que teniendo el Gobierno y sus aliados los votos suficientes de senadores y diputados para aprobar su reforma fiscal, quiera compartir su autoría intelectual y presentarla a la población como hechura de muchos.

La explicación, dicen economistas, periodistas e historiadores, podría estar en Colombia.

En ese maravilloso país, hace unos meses, el Gobierno intentó aprobar una reforma fiscal que era un castigo fiscal a empresas sin influencia en el Gobierno, a la clase media, a trabajadores y desempleados, y que se saldó en pobladas con centenares de muertos, miles de heridos y con la reputación del Gobierno destruida.

El Gobierno dominicano podría estar intentando una diligencia audaz: conseguir todos los coautores posibles para su reforma fiscal, que los compromisarios ayuden a contener o juntos criminalicen posibles pobladas, lo que garantizaría que la reputación del Gobierno salga sin un rasguño del trance.

El asunto es que ningún partido, ningún gremio, ningún líder político, empresarial o sindical tiene control de la ira popular.

Es una apuesta temeraria («en Colombia no se pudo, en Dominicana sí»). Es una impertinencia con una población irritable y ansiosa por la prolongada crisis sanitaria y con las economías de los negocios y familias convalecientes todavía.

No hay garantías de cruzar el fuego y no salir lastimado.

No importa que a la reforma fiscal por nombre le pongan «Reforma por la Solidaridad y el Crecimiento Sostenible», que la empaquen bonita, castigo fiscal, pela será.