Al parecer no las tiene todas consigo la reforma tributaria, necesaria para el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2022 que debe presentarse antes del 31 de octubre.

Sorprende, porque tengo la impresión -de acuerdo con lo que se ha sabido extraoficialmente, de que esa reforma «técnicamente lista» podría contar con la simpatía del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esto así porque se entiende que el Gobierno dominicano, como otros en el mundo, «tiene poco margen para gastar», por lo que el FMI se ha mostrado comprensivo con su política de endeudamiento, apoya el pateo de la deuda pública hacia el futuro y vería con agrado una reforma que extienda la base impositiva, reduzca la evasión fiscal y acopie mayores ingresos reduciendo el gasto tributario.

El presidente de la República habló y lo que adelantó que sería el contenido y propósito de su reforma coincide con lo que entienden el FMI y otras agencias multilaterales que debe hacerse con la fiscalidad en la República Dominicana.

Empresas y gremios empresariales han encargado a economistas y a sus empresas de consultoría la elaboración de propuestas propias de reforma para ir preparados al diálogo convocado.

Se desconoce si mipymes, gremios profesionales y centrales sindicales hicieron lo propio.

No bien ha iniciado el diálogo y ya la reforma fiscal acumula tantas tensiones que el ministro de Economía llamó a la movilización ciudadana, a construir un nuevo poder, contra los poderes fácticos que, según afirma, han capturado espacios de decisión que podrían llegar a imponer su voluntad.

¿La suerte de la reforma fiscal se va a decidir con la movilización ciudadana en las calles, no con el Diálogo convocado por el Gobierno, no en el Congreso dominado por el Gobierno y sus aliados?

Mientras, un ex director de Impuestos Internos, dice que es preferible que no haya reforma tributaria a una fractura del contrato social, es decir, a turbulencias que desemboquen en pobladas.