El Gobierno puede sobrevivir sin una reforma tributaria. No es el mejor escenario, pero si las condiciones políticas no lo permiten y se pone en juego el contrato social, entonces es mejor no hacerla o bien ejecutar ajustes administrativos a la política fiscal, esperando contar con más suerte en otro momento.

Por diversas razones el Gobierno necesita aumentar los ingresos. No solo porque la deuda es alta, sino también porque necesita atender numerosas demandas de la población. Contrario a la percepción generalizada, el gasto en el país no es alto. El Banco Interamericano de Desarrollo lo ha dicho de manera contundente: República Dominicana observa el segundo gasto público más bajo de la región.

El Banco Mundial ha ido más lejos y afirma que “Los países que recaudan menos del 15% del PIB deben aumentar sus ingresos para atender las necesidades básicas de sus ciudadanos. Este umbral es un punto de inflexión para hacer a un Estado viable y ponerlo en una senda de crecimiento”. En otras palabras, lo que plantea es que los Estados que recaudan menos de ese nivel son inviables.

La realidad es que no hay margen para bajar el gasto público. Lo que se ha dado por llamar ahorro es más bien reasignación del gasto o redefinición de prioridades.  “Me voy a sentar a esperar que bajen la nómina pública, simplemente no lo van a hacer”, dijo recientemente en forma lapidaria la politóloga y docente internacional Rosario Espinal.

No hay una sola definición de sostenibilidad fiscal. Pero una de las que más me gusta es la que expuso el Fondo Monetario Internacional en un trabajo del 2013: “Se puede considerar que la deuda pública es sostenible cuando el balance primario necesario para al menos estabilizarla es económica y políticamente alcanzable, tal que el nivel de deuda sea consistente con un riesgo aceptablemente bajo de refinanciamiento y una tasa de crecimiento del PIB potencial satisfactoria”.

La frase clave es que el ajuste fiscal que es necesario para bajar la deuda pública sea políticamente sostenible. Y la reacción que tuvo la población ante nuevos impuestos que intentaron ser introducidos en el presupuesto de este año fue una primera señal de lo que le espera al Gobierno. Tampoco el Presidente Fernández se la puso fácil con su afirmación de que una reforma tributaria traería problemas sociales. Los acontecimientos de Colombia le pusieron la tapa al pomo.

Todos estos factores han hecho que el propio Gobierno haya ido cambiando su discurso, el cual se inició hablando de una reforma integral similar a la de 1992, a decir que se hará lo que sea posible. Pero es bueno recordar que dicha reforma se discutió por casi dos años, se trajeron a los mayores expertos mundiales en tributación quienes trabajaron junto a numerosos expertos locales, bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, fue un proyecto de largo plazo, multidisciplinario y que contó con el apoyo de organismos internacionales e incluso de programas académicos, como el de la Universidad de Harvard.

Hacer una reforma para complacer a las Calificadoras de Riesgo no es necesario. Está demostrado que cambios en la calificación de riesgo del país ya están incorporados en el precio de los instrumentos financieros, excepto cuando se gana o pierde el Grado de Inversión. Es decir, no pasaría gran cosa si nos bajan la calificación soberana. Simplemente aumentaría un poco la tasa de interés. Y eso es menos malo que una revuelta social. Además, el hecho de que no se haga una Reforma Tributaria no significa que automáticamente la calificación del país bajará. El Gobierno puede exponer argumentos muy válidos y logros tangibles, alcanzados en su primer año, para que se mantenga.

Los retos de un escenario sin mayores recaudaciones son enormes: la carga de intereses es alta y seguirá creciendo si no hay ajuste fiscal, el gasto de capital es bajo y en algún momento esto afectará el crecimiento potencial de largo plazo de la economía; el Gobierno tendrá poco margen para aumentar el gasto en sectores que lo necesitan y la economía quedará muy vulnerable ante cualquier eventualidad.

Pero, insisto, el Gobierno puede sobrevivir si el camino es no hacer la reforma. Es difícil, pero tampoco es imposible. Ahora mismo no hay riesgo de impago de la deuda pública. Es decir, el problema no es intertemporal, es más intratemporal. El Gobierno necesita más recursos para atender necesidades de gasto y bajar el peso de los intereses, no porque sea inminente una crisis. El problema realmente es más de liquidez que de solvencia. Eso sí, después que no se critique el aumento de deuda o la restricción de gasto. Es un escenario de sobrevivencia, no de magia.