Para nadie es secreto que el turismo se cuenta entre las más importantes actividades económicas de la Repַública Dominicana, un país que se anuncia hoy como “La República del Mundo” tras previamente presentarse como el destino que lo tiene todo. 

Ciertamente, aquí tenemos de todo un poco: variedad de microclimas, montañas, playas, arquitectura colonial y una mezcla cultural que no siempre valoramos adecuadamente. 

Además de los atractivos naturales y culturales ya mencionados, República Dominicana es, tal como se dice coloquialmente, el país de las maravillas.

Ser el país de las maravillas podría leerse como algo fantástico y especial, pero hay ocasiones en que esa idiosincrasia que tanto nos define se vuelve problemática.

Uno de esos momentos es ahora, cuando se ha decidido “poner orden” a las operaciones de Uber, DiDi e InDriver, servicios de transporte que funcionan a través de una aplicación en el móvil. 

¿Cuál es el problema? El mismo que se ha visto en otros mercados cuando estos servicios disruptivos llegan y amenazan la existencia de servicios más tradicionales. 

En el caso específico de la República Dominicana, los sindicatos de transporte han sonado la alarma contra estos “invasores” desde que se anunció la llegada de Uber en 2015. Sin embargo, las cosas han tomado un giro realmente incómodo desde que Uber se hiciera disponible en la zona de Higüey y Punta Cana en agosto del año pasado. 

Higüey-Punta Cana es el destino turístico por excelencia en la República Dominicana, y allí los sindicatos de transporte turístico son conocidos por disputarse pasajeros y por manejo temerario. 

La llegada de Uber no solo parecía un paso lógico para esa empresa, sino que vino a ampliar el abanico de opciones para turistas deseosos de servicios más adecuados y acordes a sus expectativas. 

Los sindicatos de transporte no perdieron tiempo ante la llegada del forastero. Desde agosto de 2020 no han faltado los enfrentamientos, a veces afectando de manera directa a los propios turistas. 

Pese a lo delicado de la situación, nadie hizo nada, hasta que la semana pasada el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció una de las medidas más absurdas en existencia: con tal de regular a Uber y demás, estos no podrán prestar sus servicios a menos un de kilómetro de distancia de donde operan los servicios de transporte tradicionales. 

En pocas palabras, una persona que llegue al aeropuerto y que pida un Uber deberá caminar un kilómetro para abordar el transporte. Lo mismo aplica a entradas de hoteles y otros puntos similares. 

¿Es justo esto? En su afán de proteger a los sindicatos, el Intrant está castigando a los turistas y, de paso, poniendo en juego al turismo y la recuperación económica del país. 

Ante esta situación ridícula, lo más que puede ocurrir es que los turistas dejen de venir. Es infinitamente más fácil solicitar un servicio de transporte a través de una aplicación que entenderse con un chofer de sindicato, pues a menudo no hablan el idioma, sus tarifas son medalaganarias y, lo peor, tienen pésimo récord manejando. 

Es curioso que la medida del Intrant se ha criticado hasta la saciedad, pero nadie dice nada, ni siquiera el ministro de Turismo, David Collado. 

En par de meses, cuando se vean los resultados de estas acciones cuestionables -las cuales podrían llevar a Uber y demás a abandonar el mercado-, los veremos haciendo malabares para ocultar la realidad o, más bien, revertirla.