El pasado sábado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) concedió una entrevista al programa televisivo “Síntesis”, de la familia Hazim, en el que habló de la necesidad de que en el país se produzcan más alimentos, porque los importados serán cada vez más caros.

Las palabras de Pedro Brache fueron directas: “Debido a la baja productividad (agropecuaria) que tenemos, debemos ocuparnos más y ser más efectivos. Producir rubros de ciclo corto para poder tener alimentación barata, alimentación a la que el pueblo pueda acceder porque no hay duda de que todo lo que sea importado va a sufrir aumento de precio”.

Aunque Brache habló extenso sobre el tema, fue claro en afirmar que el problema mayor que afecta al país es la inflación y si se incrementan las importaciones de alimentos que se pueden producir aquí, los precios seguirán aumentando y la gente dispondrá de menor capacidad de compra.

Lo que dice Brache hoy, con toda la autoridad que le confiere ser el líder del empresariado nacional y su propia experiencia, es lo que he venido diciendo desde enero de 2021, cuando pedí al gobierno de Luis Abinader que colocara la agropecuaria nacional como el eje de la recuperación de la economía.

Desde entonces he martillado constantemente la campana para que eso se escuche y solo se ha logrado ensordecer cada día más a los funcionarios del más alto nivel.

Cuando dije que la agropecuaria debía ser el centro de la recuperación, me basé en que la pandemia de Covid-19 estaba en plena expansión, las actividades manufactureras y turísticas eran limitadas, la población estaba pagando un costo altísimo en vidas, deterioro de la salud física y mental.

La agropecuaria tenía la ventaja de que se podía trabajar y producir con el menor riesgo de contagio, es esencial para garantizar la alimentación de la población y exportar principalmente a los mercados más cercanos, en una coyuntura en que junto con los medicamentos e insumos médicos, constituyen la mayor demanda en tiempos de pandemia.

Hace año y medio estimular la agropecuaria y hacer de la República Dominicana un potente granero, viandero y frutero –además de la actividad piscícola, ganadera y avícola- en el centro del Caribe, era y es una estrategia efectiva para garantizar alimentos a precios alcanzables para los niveles salariales de la población y para exportar.

Hacerlo garantiza que no haya desabastecimiento ni necesidad de importar alimentos que aquí se producen de mucha mejor calidad, se fomenta el empleo, el comercio, lo que a su vez estimula la demanda de bienes de la industria, muebles e inmuebles.

El rumbo del gobierno
Contrario a ese planteamiento, que ya vemos que es el mismo que hace ahora públicamente el líder del Conep, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) decidió abandonar la producción agropecuaria nacional para dar rienda suelta a los negocios de importación de alimentos.

La operación comenzó con el despido de 700 profesionales y técnicos agropecuarios (agrónomos, veterinarios, zootecnistas, biólogos, ambientalistas) que laboraban en el Estado y acompañaban los procesos productivos de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Los efectos dañinos fueron inmediatos: profesionales que formó el país quedaron sin empleo después de décadas de servicio público. Al botar a los técnicos fitosanitarios de los aeropuertos y puertos, entró la peste porcina africana y golpeó al sector destruyendo parte de su producción, provocando desempleo y encarecimiento de la carne de cerdo e induciendo a una mayor demanda de pollo.

El Banco Agrícola, bajo las directrices del Ministerio de Agricultura que ordenó cancelar a los técnicos agropecuarios, volcó el grueso de sus financiamientos a la “comercialización”, una palabra dominguera para clasificar los créditos a los intermediarios de la producción nacional y a los importadores.

Aunque eso bastaba para quebrar la agropecuaria, los funcionarios decidieron acelerar la marcha y además de los créditos generosos del Banco Agrícola, el presidente Abinader anunció el 17 de marzo de 2022 “un subsidio” a la importación de alimentos de 3,000 millones de pesos y 475 millones para la producción de arroz.

El objetivo del subsidio fue “mitigar la inflación internacional de la que no se escapa ningún país del mundo”.

Aquí hay dos cosas curiosas por la sobreabundancia de lógica: ¿Se puede “mitigar la inflación internacional” estimulando las importaciones? ¿Qué es lo que se “subsidia” a un comerciante que siempre vende a precios más caros de los que compra?

Pero si todo eso fuera poco para hacer a este país dependiente de la cebolla de Holanda, el arroz de Viet Nam, la papa de Canadá y las habichuelas de Argentina, el gobierno tomó la iniciativa de enviar a su Congreso Nacional el proyecto de ley de cero arancel para las importaciones agropecuarias.

El cuadro se simplifica así: Botar los técnicos agropecuarios, dar el dinero del Estado para importar alimentos y además sin pagar aranceles, lo que priva al productor de financiamiento y de acompañamiento técnico.

Resultado: ruina para el productor, bonanza para el intermediario-importador, y si un gran productor cosecha con eficacia, tiene que enfrentarse en el mercado con la competencia de los bienes importados con subsidios del Estado y sin pagar impuestos.

Subsidios y precios
Lo que acaba de decir Brache está más que demostrado: los bienes importados serán cada día más caros.

Y yo le agrego: Los subsidios que da el gobierno para importación de alimentos que se pueden producir en el país son un generoso regalo a esos comerciantes porque ninguno de esos bienes ha mantenido su precio.

Después del subsidio y las importaciones, ¿a cómo está la libra de carne de pollo en el país? Las amas de casa tienen que dar entre 90 y 100 pesos en polleras y colmados, mientras que el pollo entero en supermercados cuesta 80 pesos libra.

No hay que hablar de la habichuela, aceites, carnes de res y cerdo, leche, trigo, entre otros, todos a precios más caros, pese a las importaciones subsidiadas.

¡A la siembra!
Con la debacle de la política de financiamiento y subsidio a las importaciones porque los precios no bajan, el 16 de mayo pasado Abinader anunció el Plan SiembraRD, que según la formulación se propone obtener “746 millones de libras de alimentos de origen agrícola, 14 millones de libras de origen pecuario y 10 millones de unidades de huevos”.

¡Excelente! ¡Maravilloso! Las dos grandes preguntas sin contestar son: ¿Dónde están los 4,600 millones de pesos que necesita el Plan para ejecutarse? ¿Con cuáles técnicos agropecuarios se cuidará esa producción si permanecen cancelados?

La vida da muchas sorpresas porque de marzo para acá el gobierno le ha dado 3,000 millones a los importadores de alimentos (si cumplió) y 1,275 millones a los importadores de materias primas de fertilizantes y los precios de ambos siguen subiendo como si nada pasara.

Con esos 4,275 millones de pesos entregados a los comerciantes, se hubiese financiado el Plan Siembra RD, se estuviese comiendo habichuela verde de Vallejuelo, Constanza, Ocoa y se fomentaría el empleo rural.

El país está en una emboscada muy difícil porque sin producción nacional hay que importar más y más caro, y dudo que alguien se vaya a dormir la siesta con la amenaza de desabastecimiento, a mirar la televisión para ver cómo va Ecuador.

El líder del Conep, Pedro Brache, tiene razón: hay que producir aquí.