La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, declaró este miércoles que habría un compromiso de suspensión de propiedad intelectual para las vacunas anticovid entre India, la Unión Europea, Estados Unidos y Sudáfrica, y lo catalogó como un gran paso adelante para poner fin a lo que llamó un atasco en ese organismo respecto a este tema.

Desde octubre de 2020, Sudáfrica e India habían pedido que durante la pandemia fueran levantados, de manera temporal, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 para impulsar la producción.

Sin embargo, los gigantes farmacéuticos y muchos países productores han argumentado que las patentes no son los principales obstáculos para aumentar la producción y advierten que la medida podría obstaculizar la innovación.

Ngozi Okonjo-Iweala explicó también que algunos de los detalles sobre la exención de las normas de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) aún deben concretarse, y para que entren en vigor se necesitaría el respaldo de todos los miembros de la OMC.

«Este es un gran paso adelante y este compromiso es el resultado de largas y difíciles horas de negociaciones», valoró Okonjo-Iweal, aunque matizó «pero aún no hemos llegado allí. Tenemos más trabajo por hacer para asegurarnos de contar con el apoyo de todos los miembros de la OMC».

El compromiso solo se aplicaría a los países en desarrollo que representan menos del 10 por ciento de las exportaciones mundiales de vacunas contra la Covid-19, excluyendo a China.

La Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos, un gran grupo de presión de la industria farmacéutica, criticó el compromiso y dijo que debilitar las patentes cuando las restricciones de suministro se habían aliviado era un error.

Organizaciones civiles como el Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de América expresan, sin embargo, que esta nueva propuesta de la OMC no lograría promover el acceso global a las tecnologías sanitarias relacionadas con la Covid-19 y, de hecho, podría marcar un retroceso con respecto a las normas existentes.

Al mismo tiempo, critican que la OMC ha retrasado la acción durante dos años, cuando debería haber eliminado todas sus restricciones sobre los medicamentos anticovid y la producción de herramientas médicas desde el primer día.