Tomar medidas que perjudican los ingresos de la población y la rentabilidad de los negocios, como serían los aumentos de impuestos y precios, exige de los gobiernos astucia para engañar y sorprender a los perjudicados, habilidades y recursos para la persuasión y un plan de neutralización de turbulencias sociales previo al anuncio o aprobación.

En suma, el empleo inteligente del poder a disposición para distraer y/o contener el descontento popular. Pero, resulta, que a veces, eso no basta; no es suficiente para que el gobierno se salga con las suyas y las ajenas, por la inesperada razón de que las medidas impopulares podrían ser recibidas como excesivas o inoportunas.

El gobierno dominicano duda entre quemar capital político que requeriría para su reforma constitucional y las ganas de mostrarse dispuesto con la reforma fiscal.

Los expertos recomiendan reducir: 1- el gasto tributario (341,000 millones de pesos, 4.6 % del PIB en privilegios), 2- el incumplimiento de las obligaciones impositivas (evasión 50 % de ITBIS e ISR), 3- la informalidad laboral (57 % en 2024) y 4- el subsidio al sector eléctrico (1,500 millones de dólares al año).

Para empezar, nos dicen, habría que recaudar por lo menos 142 mil millones de pesos más el próximo año. 

Yo me pregunto: ¿Asumirán las grandes fortunas dominicanas esa contribución patriótica para la sostenibilidad del mercado dominicano (que es el suyo) y pueda mejorar la calificación crediticia del país a grado de inversión?

Y me sigo preguntando: ¿Cuál sería la camisa de fuerza o candado que se le pondría al gobierno para que, luego de corregida la situación, no cometa nueva vez excesos y descuidos?

¿Cuál será el costo adicional que tendrá que pagar un hogar de clase media, un hogar pobre, una mipyme, si se aprueba la reforma fiscal como quiere el FMI y el BID ?

Si el gobierno PRM no se hubiese sobre endeudado como lo hizo, en complicidad y beneficio de la banca, al punto de que este año la República Dominicana está obligada a pagar 263,817 millones de pesos en intereses, 3.5% del PIB o 22.5% de los ingresos tributarios actuales, no estuviera pagando 130 mil millones de pesos más que en 2019 y no anduviera desesperado buscando 142 mil millones de pesos más con la reforma fiscal.

No midieron, en su codicia, que todo tiene un límite.

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