Parecería que para todo problema sanitario de República Dominicana, el Gobierno propondrá una dosis de refuerzo anticovid. Sin estudios ni base científica, lleva al pueblo de experimento en experimento.

La presencia de ómicron fue admitida en nuestro país por las autoridades tras Chile alertar que pasajero proveniente de República Dominicana llegó con la variante del virus al país suramericano. A seguidas el Gobierno aprueba el uso de una cuarta dosis de refuerzo, que no han aprobado ni en los países que desarrollaron las vacunas aquí aplicadas.

Peor aún, pone como plazo finales de enero 2022 para contar con una tercera dosis, que será exigida en establecimientos comerciales. El absurdo se pasea nuevamente por los pasillos del Palacio.

La población vacunada con tres dosis es de apenas un 17%, según el Ministerio de Salud Pública. Seis meses le ha costado al Gobierno vacunar con tres dosis a ese 17%. ¿Cómo vacunará al 83% restante en apenas un mes?

El negocio se antepone a la razón. Aprovechando que andan revisando contratos de carreteras, mejor pudieran dedicarse el Presidente y la Vicepresidenta a revisar los contratos que han firmado con farmacéuticas, cuyo contenido desconoce el ciudadano, pues lo que se firmó se trata con total discrecionalidad y responsabilidad nula, según se ha dicho, por parte de esas farmacéuticas.

Faltan ocho millones de vacunas de AstraZeneca que no han llegado, a pesar de que fueron contratadas en octubre de 2020. De los detalles, nada se sabe.

El Gobierno contrató más vacunas que brazos disponibles y ahora pretende resolver hasta la inflación galopante con otra dosis de vacuna.

Falta información sobre contratos, faltan datos sobre incidencia de covid, faltan controles sanitarios, pruebas PCR y no de antígenos; falta protección social, no una enésima dosis. Necesario es que el Gobierno se aplique una dosis de sensatez y explique los nebulosos negocios.