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Tiempos difíciles viven las empresas de nuestro país, pero muy especialmente las micro y pequeñas empresas que carecen de poder e influencia entre quienes toman las decisiones en el Gobierno.

Claro está que grandes y medianas empresas sufrieron el impacto provocado por la crisis sanitaria, aunque algunas, por fortuna, lograron recuperarse y ser salvadas de la quiebra por rápidos y certeros ajustes operacionales que hicieron y a la atenta solidaridad del Gobierno con compras, contratos y créditos.

Lamentablemente, las pymes no han tenido tanta suerte: la morosidad de sus préstamos ha subido y no son tan bien vistas ni en la banca ni en el Gobierno.

Desconcierta que bajo el imperio del “sálvese y aprovéchese el que pueda”, haya sido relegado al olvido el deber del Estado y por tanto del Gobierno, de proteger la propiedad y el emprendimiento de todas y no solo de unos cuantas empresas.

Daría la impresión de que con la victoria del PRM en las presidenciales y legislativas de julio pasado, también perdieron las pequeñas y micro empresas que ya no tienen poder ni influencia en las decisiones, ni en los programas y acciones del Gobierno.

Por ejemplo, se habló de un “Fondo de Garantías Solidarias” por 15,000 millones de pesos para facilitar el crédito, reducir el riesgo de préstamos y evitar altas tasas que provoquen desmedida transferencia de renta que afecte la rentabilidad de los negocios de las pymes. 

¿En qué paró eso?, pregunto y así termino.

Por ahora.