Advertían sociólogos, antropólogos, politólogos y economistas 6 meses atrás que la COVID-19 provocaría malestar social en ciertos núcleos poblacionales, podría convertirse en estallido social y derivar hacia formas de gobierno y políticas más democráticas e incluyentes o autoritarias e indiferentes.

Era de esperarse o lo es, porque la COVID-19 ha estado sacudiendo, sin aviso previo y por demasiado tiempo, las certidumbres que norman y sustentan la vida cotidiana de las personas, en lo laboral (desempleo, teletrabajo), en la convivencia con familiares y amigos (confinamiento, distanciamiento), en la manera de divertirse y comunicarse y en la producción, comercio y consumo de bienes y servicios.

Amenazados por una muerte que ronda invisible, los seres humanos han requerido la protección del Estado y su órgano ejecutivo, el Gobierno.

Algunos gobiernos han tenido tardías y precarias respuestas sanitarias y sociales, sea porque sus sistemas sanitarios nunca fueron fuertes o porque los encontró debilitados por las políticas neoliberales que conciben al ciudadano como un proveedor desechable de plusvalía.

Otros gobiernos, en cambio, han reaccionado ofreciendo atenciones, cuidados y ayudas oportunas (trasferencias monetarias, créditos y facilidades fiscales a empresarios).

Aún así, en ambos casos, los muchos que han perdido tanto y no ven final a este viacrucis pandémico, están -¡y con razón!- impacientes, irritados, deseosos de superar la ansiedad y la precariedad. Tienen ganas de vivir.

Lo expresan así en Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Africa del Sur, España, Cuba, Francia, Perú, Haití y en nuestro país, República Dominicana.

La mar está picada.