Parece que el gobierno dominicano entiende que nada puede hacer para mitigar el impacto de la inflación entre los asalariados.

Y sin embargo podría hacer mucho. Me explico.

Al gobierno dominicano le resultó comprensible que los empresarios aumentaran con absoluta libertad los precios de los alimentos, de las medicinas, del transporte, del alquiler de la vivienda y del dinero para proteger la salud de sus empresas.

Si suben los insumos que intervienen en la fabricación de un bien o servicio, manda subir precios. Nadie va a producir para perder o para ver debilitado su poder de mercado y finanzas con exiguas ganancias.

Yo también lo creo y estoy de acuerdo de que tengan la libertad para hacerlo. Nada de controles de precios.

Los asalariados, sin embargo, que venden horas de su fuerza de trabajo, no pueden hacer lo mismo, es decir, subir unilateralmente el precio de su hora de trabajo cuando suben sus costos, entiéndase, cuando suben los precios de los alimentos, medicinas, energía eléctrica, transporte y dinero.

Así como interviene, dejando hacer y facilitando exenciones tributarias pre y post producción a los empresarios para que puedan seguir produciendo sin empobrecerse, el Estado puede proteger a los asalariados del empobrecimiento causado por la inflación.

Una de esas medidas sería aplicar la ley 11-92 que manda indexar por inflación la exención contributiva de los asalariados al ISR. DGII no lo hace desde hace varios años. De aplicarse, el beneficio ascendería a 2,000 millones de pesos en este año, estima la acuciosa economista Mercedes Carrasco.