En San Cristóbal han encendido velas durante las noches por casi una semana. No es para menos. A sus puertas ha llamado la tragedia. Las velas—que sirven para expresar tristeza, dolor, indignación—son también un recurso de luz.

Treinta y dos muertos, decenas de heridos y mutilados—algunos discapacitados para siempre—negocios dañados, viviendas destruidas, una población consternada… requieren mucho más que evasivas, informaciones a medias, dilaciones o dubitaciones. Reclaman aquella luz.

Requieren un compromiso del Estado y del gobierno tanto nacional como municipal. La verdad debe resplandecer como diamante, sobre todo a la luz de que el dueño del malhadado negocio donde ocurre la explosión es un funcionario del gobierno con un alto cargo en el Gabinete de Políticas Sociales, según se ha informado.

Y sobre todo necesitamos que estas tragedias no se repitan. Necesitamos que todos los negocios que manejen materiales peligrosos sean sacados de nuestras ciudades de una vez. Que las instituciones responsables de otorgar licencias cumplan con su papel.

Necesitamos que el gobierno entienda el error de echar al deterioro servicios fundamentales como el 911 dificultando su articulación con servicios como Bomberos, Defensa Civil, hospitales, etcétera.

Y necesitamos también que el Instituto Nacional de Investigaciones Forenses—INACIF—deje de ser un almacén de cadáveres y sea dotado del presupuesto y las herramientas necesarias para cumplir de manera eficiente su papel de servir al país, en lugar de ser instrumento de negocio.

Más allá de las condolencias, San Cristóbal y el país demandan y merecen la investigación y la explicación más completas sobre esta tragedia.