Enérgico, como lo hace siempre que tiene una cámara enfrente, el Presidente anunció que está dispuesto a llevar a arbitraje internacional a la farmacéutica Astrazeneca, por incumplimiento de entrega en los plazos establecidos.

Sorprenden las declaraciones. Primero, porque lo hace meses después de cuestionamientos sobre el mismo tema y segundo, porque sabe el Presidente que en el truculento contrato que firmó con esa empresa en octubre de 2020, República Dominicana renunciaba legalmente a reclamar por atrasos en la entrega de vacunas.

Si sabe el mandatario sobre esta cláusula, pues él mismo fue quien firmó el contrato, ¿por qué anunciar lo que sabe que no pasaría?

Fijémonos en la fecha. El anuncio sobre supuestas acciones que tomaría el Gobierno, lo hace el Presidente faltando días para que se venzan unas 300 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer, porque -admite el mismo Gobierno- el pueblo ha perdido interés en vacunarse tras las autoridades haber levantado todas las medidas sanitarias.

Estas 300 mil vacunas vencidas representan pérdidas para el Estado de más de 200 MILLONES DE PESOS, con los que bien se pudieron haber construido por lo menos tres planteles escolares, con amplias aulas, laboratorios equipados, canchas deportivas, comedores, etc, por poner un ejemplo.

Más de un año se viene denunciando que el Gobierno contrató más vacunas que brazos disponibles.

La complacencia con grandes farmacéuticas, firmando contratos bajo condiciones legalmente perjudiciales para el Estado, sugiere que ha habido un gran negocio. En algún momento se habrá de conocer los beneficiados.

Nada pasaría si Astrazeneca, por ejemplo, decidiera entregar de golpe todas las vacunas contratadas. Igual se irían a vencer, pues el Gobierno, de manera implícita, abandonó hace más de un rato el Plan de Vacunación.