Nada más llegar al gobierno el 16 de agosto del 2020 y el presidente Abinader arrancó con la privatización de Punta Catalina.

La propuesta era tan obscena que la reacción en contra fue radical. Punta Catalina, en efecto, era y es una de las conquistas más importantes del pueblo dominicano.

Nos liberaba de los apagones y nos preparaba para un salto olímpico en materia de energía. La reacción popular hizo recular al gobierno.

Y vino la privatización del INPOSDOM. Sin ir al Congreso, se lo entregaba a empresarios extranjeros sometidos por prácticas nada santas en Argentina. La denuncia a tiempo impidió el despojo.

Pronto vino el reguero de fideicomisos y Alianzas Público Privadas, otra forma de enajenar lo público al estilo del “cambio” entregándolo a aventureros de toda laya.

Pedernales es un caso. Allí un solo oligarca ya tiene millones de metros de playa. Despojo masivo a pequeños propietarios informales a precio vil.

Bucanyé es otro ejemplo de entrega impúdica de áreas protegidas a capital privado extranjero.

Así podemos entender el deterioro del 911 y los servicios de salud: el propósito es dejar en manos privadas ésos que son compromisos ineludibles del Estado.

Es el caso de la desaparición de RD VIAL. ¿Para qué tenerlo si esos servicios pueden ser negocio en manos privadas?

Así puede entenderse también lo que ocurre con Pasaportes.

Vea usted que el deterioro de los servicios públicos no es casual, sino aposta.

Ahora podemos comprender por qué buena parte de la fortuna del presidente Abinader está en paraísos fiscales donde evade impuestos.

No cree en República Dominicana. No le importa el pueblo dominicano. No le interesa el Estado dominicano sino para hacer negocios. La privatización inmoral de lo público está en su código genético.