Son miles de cancelados del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes los que a un año de haber sido desvinculados todavía no reciben sus prestaciones laborales.

Además de violar la ley sin sonrojarse, el intendente de esa institución pública vulnera la dignidad de quienes dedicaron gran parte de su vida al desarrollo e impulso de esa entidad.

Se trata de empleados con 15 y 20 años laborando, técnicos de altísima calidad, muchos con estudios especializados, que fueron echados de la institución sin previa evaluación.

¿Cómo es posible que a estos trabajadores los tengan protestando en las calles, con el ferviente calor del verano en Santo Domingo aumentado por el polvo del Sahara?

Protestando por un derecho que les ha sido arrebatado: el de recibir sus prestaciones. Y el de recibirlas en el tiempo que ordena la Ley.

Abruma el desprecio por la gente que muestran funcionarios del actual Gobierno. Desprecio por sus conciudadanos, por el pequeño y mediano empleado, que, sin dudas, en sus años de trabajo ha aportado a la institución mucho más que los recién llegados.

En medios de comunicación hemos visto al intendente del Ministerio de Industria pavonearse, hablando de sus grandes dotes de gerente que han permitido “avanzar” a la institución.

¿De qué manera avanza una entidad que despide a sus mejores técnicos? ¿Puede considerase buen gerente quien no puede agenciar siquiera el pago de prestaciones, a un año de haber asumido?

Al parecer, la verdadera política que se aplica desde ese Ministerio, así como la de otros organismos del gobierno, es la política del desprecio.