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Con la crisis sanitaria, el COVID-19 esparció por el mundo crisis económica y crisis social.

De inmediato los gobiernos empezaron a discutir sobre políticas económicas para enfrentar la grave situación.

En Europa y Estados Unidos las medidas de estímulo y de solidaridad provocaron largas discusiones mientras crecían enormes filas de personas buscando comida.

En nuestro país la respuesta fue inmediata. Fueron creados FASE I y FASE II, PATI, distribución de alimentos, medidas de política monetaria por más de doscientos mil millones de pesos.

Así pudo nuestro pueblo enfrentar la crisis social y económica hasta que llegó el “cambio”, que no fue sólo cambio de gobierno, sino también cambio de políticas, cambio de visión y de misión.

El resultado no se hizo esperar: los precios se salieron de madre y productos que tenían veinte años sin variar pronto aumentaron hasta un cien por ciento.

Era de esperarse que con la cancelación de programas sociales, los masivos despidos de empleados y los aumentos de precios empeorara la vida de nuestras familias.

En los últimos días observamos en las redes cada vez con más frecuencia los videos sobre asaltos motorizados.

El aumento de la ratería es un síntoma. Lo son también el encono, la indignación, la protesta contra los abusos y excesos oficiales contra simples empleados víctimas de persecución política; contra pequeños productores a los que se despoja de sus equipos o se les amenaza con despojarlos de sus tierras.

La combinación de crisis económica con crisis social es fatal siempre. Recordemos la tragedia de abril de 1984 que costó decenas de vidas.

Basta con mirar a nuestro alrededor para saber hacia dónde conducen las políticas erradas y erráticas del Gobierno. Ojo con la tempestad que podría estar incubándose.