La decisión de un país cualquiera de importar alimentos será siempre la anhelada ocasión para que productores agropecuarios de otros países exporten y los importadores hagan buenos negocios.

Afortunadamente, República Dominicana no tiene necesidad de importar alimentos que ella produce. 85 de cada 100 alimentos que consumimos, los producen agricultores, granjeros, ganaderos y empresarios agrícolas dominicanos.

Es bueno recordar que durante los meses iniciales de la crisis sanitaria por COVID-19, de estricto confinamiento y cierre de puertos y aeropuertos, no hubo escasez ni alza de precios de los alimentos.

Ni escasez ni inflación (en algún caso hubo deflación) por las oportunas y efectivas medidas adoptadas durante el gobierno 2012-2020 de Danilo Medina y a la fortaleza de la producción nacional.

Los mayores peligros para la alimentación del pueblo dominicano no son ni la inflación ni la producción nacional, sino la precariedad de los empleos y de los servicios públicos y  la incomprensión por parte del gobierno del desacople de la economía mundial, es decir, la desglobalización conflictiva y la inestabilidad que provoca.

Este fenómeno geopolítico, económico y climático obliga a República Dominicana a políticas orientadas a la autosuficiencia alimentaria y a menor dependencia energética.

Para ello es imprescindible tener plantaciones y agroindustrias fuertes, tecnológicamente eficientes y apostar por las energías renovables.

Proponer desgravar importaciones de alimentos desestimularía la producción nacional de alimentos. Revela, lamentablemente, que el gobierno dominicano pretende desafiar temerariamente la realidad y la historia.

Lo aconsejable sería que el gobierno envíe un mensaje de tranquilidad a las empresas agropecuarias dominicanas retirando el proyecto de ley y convocara a la mesa del diálogo a los productores nacionales.