En 2021, escribimos que todos los dominicanos afectados por Barrick deben ser resarcidos y ésta debe seguir mitigando el pasivo ambiental en la explotación de Pueblo Viejo y presentar una propuesta preliminar con las localidades alternativas para la nueva presa de cola, para que la sociedad civil participe y opine sobre el proyecto antes de que se haga ninguna concesión a la minera. Pero se ha hecho todo sin transparencia.

En 2023, por decreto presidencial, fue designada la nueva localidad vecina al desastre de El Llagal, lo cual multiplica los riesgos ambientales, al menos por tres, debido a las dimensiones de la nueva presa de cola.

Al parecer todo fue planeado así desde el principio, porque para la obra en Cuance nunca se presentó ninguna solicitud en Medioambiente, pero para la nueva localidad en Zambrana se presentó y fue aprobada hasta la licencia ambiental en tiempo record, sin consultar con nadie.

Barrick ha construido viviendas y ha hecho todo lo que le ha parecido, sin transparencia, para desalojar a las comunidades afectadas; y cuando éstas se han resistido, el Estado sale en defensa, pero de la minera, a reprimir al pueblo.

Una minera reconocida por sus abusos y crímenes ambientales en países de América y África, ha encontrado aquí un gobierno entreguista y con nepotismo que defiende sus intereses y no los del pueblo, ni de los recursos naturales. 

Demandamos transparencia en las negociaciones con la Barrick y el cese de la represión contra los comunitarios.