Administrar un partido político no es tarea fácil. 

Su nómina o membresía la integran ciudadanos que adquieren derechos y deberes de acuerdo a unos estatutos libremente aceptados, orientados a lograr un resultado político: poder para gestionar las instituciones del Estado y sus decisiones relativas a políticas públicas y asignación de recursos para apuntalarlas.

Los miembros de un partido político no son empleados. Es decir, las obligaciones entre dirección y miembros no se derivan de la compra y venta de fuerza de trabajo como podría ser en una empresa privada que persigue lucro o en una institución pública que procura bienestar ciudadano a partir de la administración de bienes públicos.

La eficiencia y eficacia de una maquinaria basada en el trabajo voluntario, como es un partido político, depende en gran medida de la cohesión inspiradora que producen sus planes de trabajo, de sus éxitos, de la sintonía con las emociones, pujos, dolores y aspiraciones de la sociedad, el reconocimiento social y la capacidad de sus líderes (administradores) para energizar voluntades.

Todo ello que parece muy razonable, se ha visto alterado por la privatización de la política, que no es otra cosa que la creencia de que la política no es un bien o servicio público, sino una plaza comercial o una institución financiera.

Los más atrevidos creen que es una franquicia de comida rápida, un drive thru farmacéutico, un equipo de fútbol, baloncesto o pelota o una casa disquera, que abandonan al menor disgusto o por un mejor postor.

Esas personas entienden su militancia o membresía en un partido político como una inversión que debe rentabilizarle con una candidatura, cargo público o contrato en un plazo fijado por ellas. Les da igual que se llame PLD, PRM o FP, por mencionar tres partidos de nuestro país.

Cuando esa inversión en militancia deja de ser rentable de acuerdo a sus expectativas, deciden mudarse a otro partido, a otra plaza con sus activos (el real o supuesto valor de sus marcas personales en el susodicho mercado). Igual ocurre cuando otro partido ofrece atractivas ganancias a corto plazo con o sin esquema Ponzi.

Se comprende así porqué los procesos electorales generen tantas turbulencias, malquerencias y mudanzas, que son habituales en los mercados donde se comercian mercancías, pero que asombran (y entretienen) a los que están ajenos al impacto de la privatización de la política en los partidos políticos. 

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