En noviembre de 2022 comenté tres casos que ilustraban bien cómo la autoridad del Estado ha sido sustituida por los voceros y abogados de las multinacionales y el  Ministerio de Medioambiente ni siquiera ha sido capaz de informar a la opinión pública, ni mucho menos aplicar la ley vigente de medio ambiente ni de defender nuestros recursos naturales a favor del pueblo dominicano.

La fórmula sigue siendo silencio, propaganda y represión como se vio en el caso de las Barcazas de la Muerte, en Los Negros de Azua, en 2022, y se ha confirmado en las comunidades de Arroyo Vuelta, Los Naranjos  y otras comunidades del Distrito Municipal de Zambrana, Cotuí, esta semana.  

En una operación de la policía y el ejército nacionales, el Estado dominicano ejerce su autoridad reprimiendo a los comunitarios de Zambrana. Esta vez, defendiendo a la multinacional Barrick Gold que adelantó 200 millones de dólares en impuestos al gobierno en 2020.

La marcha multitudinaria contra la Barrick Gold, en Monte Plata, en 2022, hizo que la minera canadiense desistiera de la construcción de la presa de cola en Quance. El Estado respondió con decreto presidencial para que  la construya  en la provincia Sánchez Ramírez.

La minera ni siquiera ha depositado una solicitud formal en el Ministerio de Medioambiente, a decir del mismo encargado en un evento digital hecho por la Academia de Ciencias y la UASD en ese mismo año.

Seguimos rechazando toda injerencia de las multinacionales en las decisiones de conflictos ambientales en nuestro país en franca violación a las leyes vigentes y más aún rechazamos la represión contra el  pueblo dominicano.

¡No a la represión de la Barrick Gold!