Nos acercamos al cumplimiento de los cien años de la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, una crisis económico de gigantescas dimensiones. Quiebras, suicidios y locura colectiva se vivió aquella época.

A partir de la crisis, el entonces gobierno y los subsiguientes de ese país del norte de América adoptaron medidas económicas que garantizaron una mayor participación del Estado en la creación de empleos y la inversión en sectores como salud, educación y construcción. Aunque no fue consistente en el tiempo ni tuvo una orientación adecuada y suficiente, además de otros aspectos que provocaron otras crisis (tema de otro artículo).

Empezó a tomar fuerza la concepción teórica y la aplicación del término “estado de bienestar”, que venía manoseándose en países de Europa desde el siglo XIX.

Destacados economistas, sobre todo el británico John Maynard Keynes, plantearon la necesidad de la intervención del Estado en la generación de empleos y otros renglones de una economía que denominaron como “mixta”.

Y funcionó. Acompañada de regulaciones de la banca y de controles del Gobierno en la inflación y el déficit.

El estado de bienestar social debe ser aspiración de todo Gobierno para con su pueblo. Y tiene posibilidades de alcanzarlo, demostrado está, si el Estado participa activamente en garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a empleo, vivienda digna, salud y educación, mediante políticas de inversión efectivas.

De dedicarse un Gobierno a prometer y no cumplir en medio de una crisis que se profundiza por la falta de políticas eficaces e improvisaciones, lo que brotaría a borbotones sería un estado de malestar.