Los permisos de importación de productos agropecuarios, ya se sabe, eran una fuente obscena de enriquecimiento. Con ellos se pagaron favores políticos. Porque eran otorgados de dedo. Hasta 2012. El gobierno que se instaló en agosto de ese año tomó una decisión sabia: los permisos serían subastados públicamente.

La tarea fue encargada a una institución privada: la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

Más aún, los permisos no serían utilizados para quebrar a productores dominicanos, sino para equilibrar la oferta e impedir la inflación.

Los objetivos fueron logrados con creces y, además, el Estado obtuvo ingresos por miles de millones de pesos que fueron invertidos en el mismo sector.

Así fue hasta agosto del 2020 cuando el “cambio” volvió a la vieja práctica. Los permisos otorgados por el dedo del ministro de Agricultura son de nuevo hedionda fuente de enriquecimiento de importadores y quiebra de  productores.

Para más beneficiar a ese sector de fuertes lazos perremeistas, ahora quiere el gobierno anular aranceles.

Los expertos del área advierten al gobierno: además de maltratar al productor nacional, está importando inflación en perjuicio de los consumidores.

¿Lo sabe el presidente? Sin dudas. ¿Le importa? Claro que no, con lo cual deja ver su catadura anti-pueblo y su compromiso con intermediarios y vividores.

¿Algo nuevo? No. Búsquese la historia de las administraciones del grupo gobernante actual y se comprobará.

Si las políticas son las mismas, los resultados no pueden ser diferentes. El cambio prometido es un fraude.