Este 27 de septiembre, Día Nacional del Biólogo, encuentra a nuestro país con gran deterioro de la calidad ambiental.

De 2018 a 2023, según la Asociación Dominicana de Profesores, cerca de mil personas, alumnos,  docentes y empleados en 7 escuelas de San Francisco de Macorís, resultaron intoxicados por  fumigación con plaguicidas agrícolas. De los últimos dos años no hay sumatoria, pero las fumigaciones se extienden por todo el nordeste y los casos no cesan de salir en los medios.

Desde 2011, los ministerios de Agricultura, Salud Pública, Medio Ambiente y Educación, regularon las fumigaciones limitándolas a los fines de semana o días sin clases, pero nadie respeta la normativa ni hay consecuencias.

La exposición prolongada a los plaguicidas está asociada, a largo plazo, con cáncer, problemas neurológicos y reproductivos, entre otros males crónicos y mortales. Los niños son mucho más vulnerables porque sus órganos aún no están completamente desarrollados.

Hace más de una década se denuncia la contaminación que mata la vida en Cotuí, en los rios envenenados por la Barrick Gold.

Industrias y empresas agropecuarias vierten desechos sin tratar directamente a los ríos, violando la normativa ambiental. A veces son condenadas, pero no cumplen las penas y otras ni pagan las multas.

Tres barcazas termoeléctricas, desde octubre de 2022, en Los Negros, de Azua, envenenan a los habitantes de la comunidad y toda la biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre de los manglares de Puerto Viejo.

Desde 2015, la normativa internacional busca eliminar el Bunker 6 de la generación energetíca porque produce gases muy contaminantes que envenenan el aire esparciendo plomo, azufre y el más peligroso de todos: vanadio, solo produucido por Bunker 6 de las barcazas.

Y así vamos de un desastre a otro, pero está claro que la vida de los ciudadanos, sean niños, maestros, pescadores, campesinos o flora y fauna de nuestros ríos y costas no importan a nuestras autoridades.