La delegación del FMI salió del país con una gran sonrisa. Elogió la inflación controlada, el crecimiento económico, el optimismo del sector privado y el fortalecimiento del marco regulatorio respecto a la gestión de riesgos y la protección del usuario financiero, la adopción de las normas de Basilea II y III, la implementación del mark to market.

Aplaudió el anuncio del sector público de elevar la inversión pública y la intención de coordinar la política fiscal y monetaria.

Es cierto que disfrutamos de un sistema financiero y de pagos cada vez más estable y seguro, con buenos indicadores y señales de innovación continua.

Pero, millones de dominicanos viven una difícil realidad en sus hogares. Una canasta familiar que ya cuesta RD$47,000, alimentos cada vez más caros golpeando especialmente a las familias de menores ingresos, y una producción agropecuaria local que se deteriora.

La situación es más agria cuando hablamos de electricidad. Familias que pagan facturas más altas para recibir menos servicio, madres que no pueden lavar ropa cuando llegan a casa por falta de luz, que ven cómo se daña la comida en sus neveras.

Salones de belleza y colmados teniendo que comprar inversores o plantas eléctricas para poder operar y vender. Escuelas y hospitales en deterioro.

Y un endeudamiento que no privilegia la inversión pública. La deuda pública no financiera ya supera los US$60,000 millones y la velocidad con que crece la deuda es mayor que la velocidad con que crece nuestra economía. Es como tratar de llenar una piscina mientras otro abre el desagüe cada vez más.

La pregunta es: ¿de dónde saldrá el dinero para pagar toda esa deuda y para hacer las inversiones necesarias? ¿Será que el gobierno sabe algo que los ciudadanos no sabemos?

Porque si es así, sería provechoso compartir esa información. Los dominicanos tenemos el derecho legítimo de entender hacia dónde vamos para poder planificarnos.

De hecho, la Declaración final del personal técnico del FMI dice “la elaboración de una estrategia de ingresos a mediano plazo, en consulta con los sectores privado y social, podría ayudar a generar consenso en torno a una reforma tributaria que permita cumplir los objetivos de inversión en infraestructura, educación y salud”.