El negocio inmobiliario detrás de la destrucción ambiental
Tras años de discusión y rezago, a finales del 2022 la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos fue aprobada y su reglamento promulgado en julio de este año (Decreto 396‑25 del 22 julio de 2025).
Ambos instrumentos, junto con la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecen un marco integral para ordenar el territorio y proteger áreas de suelo no urbanizables, como el Cinturón Verde.
Esta ley contempla tres aspectos fundamentales:
Clasificación de Suelos, urbanizables y no urbanizables; Áreas Verdes obligatorias e Instrumentos territoriales, como Planes de ordenamiento a todos los niveles de gobierno.
Estos planes requieren de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que incluya diagnóstico de áreas de valor ecológico, como las del Cinturón Verde, y ahí aparece el conflicto.
¿Dónde cuándo y cómo se hicieron todas las evaluaciones ambientales que avalan la destrucción en el área tres del Cinturón Verde, en Arroyo Manzano?
¿Por qué el Ministerio de Medioambiente otorga permiso para talar 900 árboles en un parque urbano?
Está claro desde la transición en 2020 que estas autoridades solo saben destruir. La primera víctima fue el proyecto Sabana Clara, en Restauración; le dieron fuego, vendieron la madera quemada; lo cercaron para repartírselo y, si la iglesia no mete su mano, así hubiera ocurrido.
También la avenida Anacaona quisieron ampliarla en 2020, pero claro que los residentes no permitirían que se tocara el Mirador Sur.
El negocio inmobiliario es lo que está detrás de la destrucción ambiental en casi todo el país, ya lo hemos dicho. No son los pobres padres de familia, agricultores, los que están desmontando para sus Avenidas, Residenciales, Villas de playa y Hoteles.
Y esto solo es posible con la complicidad de funcionarios gubernamentales.
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