El artículo 197 de la Ley de Educación 66 – 97 establece que el gobierno dominicano debe dedicar un 4% del Producto Interno Bruto o un 16% del gasto público a Educación.

Como se ve, aunque la Ley es del 1997, fue casi 16 años después, en 2013, primera gestión del Presidente Medina, cuando empezó a ejecutarse.

Cada uno de los anteriores gobiernos tenía una explicación y un pretexto para no cumplir la Ley.

¿Lo cierto? Que ninguno elaboró un plan de inversión en infraestructura, capacitación docente, mejoría salarial, reestructuración de la jornada escolar, mejoría de las condiciones de vida de los estudiantes, etcétera. Y el dinero de educación se iba a otras áreas.

El plan empezó a desarrollarse en 2013 y pronto fuimos testigos de un fenómeno inédito: la emigración de docentes del sector privado hacia el público que, de repente, se hacía más atractivo.

La inversión anual aumentó según lo previsto por Ley. Se requería pasar del sistema de tres tandas (mañana, tarde, noche) a uno de una sola. Había que casi triplicar el número de aulas y no descuidar la capacitación y contratación de jóvenes docentes.

Instituciones internacionales testimoniaban a favor. Pero un PRM feroz y demagogo rechazaba todo. Que para qué tantas aulas. Que eso era un negocio. Que con menos se hacía más. Que el problema era la calidad. Comunicadores y medios mal informados e interesados, coreaban.

Sandeces y demagogia.

Hoy el MINERD anuncia que alquilará locales para millares de  estudiantes. ¿No hubiera sido mejor terminar las escuelas recibidas y continuar el proceso ya en marcha?

¿Cuánto nos han costado la demagogia de ayer y la improvisación de hoy?