Casi tres décadas de esfuerzos para construir institucionalidad, lograr transparencia y perseguir excelencia en nuestra educación parecen perderse en poco más de un año de “cambio”.

Primero fue la cancelación de millares de servidores sin ningún miramiento. No importaba que se tratara de personal de carrera, debidamente cualificado, ingresado mediante concurso.

Para dar paso a los preferidos del ministro, fueron removidos, trasladados, degradados directivos y docentes en todo el país.

El Pacto por la Educación firmado por el Estado con los representantes del sector educativo ha sido letra muerta para el actual ministro.

Lo ocurrido con los concursos para nuevos docentes es más que demostrativo. Las veces que han sido convocados han sido denunciados y suspendidos por estar plagados de irregularidades.

El último de esos procesos es puro escándalo. La Comisión Nacional de Observadores nombrada para garantizar la transparencia renunció casi en pleno el 23 de noviembre pasado.

En violación de la Ley General de Educación, el Estatuto del Docente y el Pacto por la Reforma Educativa, el ministro ha ordenado la contratación “temporal” de personal docente pisoteando los esfuerzos de las últimas décadas para dotar a la educación pública con personal de excelencia. ¿El propósito? Simple: nombrar de dedo a preferidos.

El Programa de Alimentación Escolar ha sido prácticamente desmantelado y otro escándalo de corrupción se ha llevado de paro a su director.

Para remate, en un proceso de licitación para adquirir computadores, decenas de ofertas que cumplían los requisitos y además ofertaban más barato, fueron desechadas para escoger las que costarán mil trescientos millones de pesos más caras.

¿Lo peor de todo? Que el presidente ni se da por enterado.