Todos estamos deseosos de recibir la vacuna contra el COVID-19, no importa la marca, lo más pronto posible para salir de esta angustia y de este encierro.

Sin embargo, la población está desorientada, pues el Gobierno promete una cosa hoy y otra mañana; el presidente de la República pone fecha pronto al arribo de las vacunas y su ministro de Salud lo desmiente, que será después; la vicepresidenta dice que hay plan, luego se filtra que no lo hay y el desmentido es inmediato: hay plan, pero no lo vamos a decir ahora, sino más adelante.

La vacunación contra el COVID-19 es el mayor reto estratégico, político, económico, social, cultural y humano de nuestro país en toda su historia. La vida de 11 millones de ciudadanos -y cuidado si más- está amenazada.

Su éxito va a depender de lo que el Gobierno esté pensando sobre nosotros, los ciudadanos; si nos ve nada más como receptores de una vacuna y no también como promotores y facilitadores; si nos ve como objetos y no sujetos, podría que se le armen nudos y no alcancemos la vacunación de toda la población.

Otro desafío que tiene el Gobierno es actuar con transparencia y entregar información adecuada. No puede seguir manejando cifras y acuerdos a puerta cerrada, con verdades a medias.

La gente tiene dudas, puede comenzar a no creerle y, si eso pasa, va a tener que invertir mucho en recuperar la confianza.

La verdad es que en el Gobierno nadie sabe a exactamente cuando llegarán, ni las cantidades, ni los tiempos para recibir las vacunas para programar su administración.

Lo que está ocurriendo en algunos países de Europa es un desastre y una vergüenza. La gente se puede desesperar, con razón, y pedir que las traiga el que pueda, pagar lo que pidan y evitar contagiarse y morir.

¿Quién garantiza el entrenamiento del ejército de personal que se necesita para administrar las vacunas? ¿Cuándo lo harán?

¿Tiene nuestro sistema de salud personal y capacidades para hacerlo? Creemos que no.

¿Hará falta voluntarios? ¿De dónde saldrán? Este es un tema delicado, pues podría politizarse para querer incluir compañeritos.

¿Quién garantiza las cadenas de frío de las distintas vacunas para que lleguen hábiles de la Capital a Pedernales, a Jimaní, a Río Limpio o a La Pionía? ¿Cómo se conservaran allí hasta ser administradas?

¿Cómo van a trabajar la información, como la está haciendo el ministerio de Educación, pagando miles de millones de pesos a grandes medios?

Dos sectores claves podrían ayudar a los que el Gobierno debería acercarse: las organizaciones sociales (ellas conocen a la gente en su territorio) y los empresarios que tienen experiencia acumulada en logística y cadenas de distribución.

Esas capacidades podrían ser muy útiles en el proceso. Acercarse a ellos sería un gesto de humildad del Gobierno y una invitación a la participación.

La vacunación contra el COVID-19 es reto de democracia y participación.

Ojalá que usted y todo aquel que vio el aguacero venir, no nos veamos tapando goteras después que caiga.