La intervención montada por Greenpeace frente al Obelisco reunió a decenas de personas sorprendidas por una torre hecha de bloques de hielo. La estructura imitaba un gran juego de piezas inestables y llevaba en lo alto un cartel con el mensaje: “Están jugando con el agua de todos. La Ley de Glaciares no se toca”.

El objetivo de la acción fue advertir sobre las consecuencias que tendría flexibilizar una ley considerada clave para la protección del agua dulce en la Argentina. La iniciativa volvió a instalar el debate sobre la integridad de los ecosistemas de alta montaña en un contexto de retroceso glaciar acelerado.

La organización ambientalista remarcó que cualquier cambio normativo que debilite los límites actuales expondría reservas hídricas esenciales, además de favorecer actividades extractivas en áreas donde hoy están prohibidas.

Una norma estratégica para la seguridad hídrica

La Ley de Glaciares establece la protección de glaciares y ambientes periglaciales, que funcionan como reservas naturales de agua y regulan los caudales de los ríos. Su cumplimiento es fundamental para preservar la disponibilidad hídrica en regiones donde el deshielo sostiene la vida de comunidades, ecosistemas y actividades productivas.

Los ambientalistas advierten que permitir intervenciones en estas zonas alteraría el régimen natural del agua, afectaría el equilibrio de las cuencas y generaría presiones adicionales sobre áreas ya vulnerables por la crisis climática.

Sostienen además que la norma vigente es un respaldo a los compromisos ambientales internacionales asumidos por el país y una herramienta indispensable para evitar daños irreversibles.

Un llamado urgente a frenar retrocesos

La acción realizada en pleno centro porteño funcionó como recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas andinos y de la importancia de sostener políticas que prioricen la conservación. Según Greenpeace, debilitar la ley implicaría facilitar la expansión de proyectos con alto riesgo para las fuentes de agua que abastecen a millones de personas.

Para la organización, la protección integral de los glaciares es una condición mínima para enfrentar los efectos de la crisis climática y asegurar la disponibilidad de agua en las próximas décadas.

El pedido se centra en que el Estado mantenga la prohibición de actividades que puedan afectar a los glaciares y a los ambientes periglaciales, considerados estratégicos para la seguridad hídrica del país.

Qué cambios se buscan introducir en la Ley de Glaciares

Distintos proyectos impulsados en los últimos años plantearon modificaciones que preocupan a especialistas y organizaciones socioambientales. Los puntos más cuestionados son:

1. Redefinir qué se considera área periglacial

Algunos borradores proponen acotar su definición, lo que reduciría la superficie protegida y abriría zonas hoy no intervenibles a actividades extractivas.

2. Habilitar excepciones para proyectos mineros

Se plantea permitir actividades en sectores donde los estudios demuestren “bajo impacto”, una categoría considerada ambigua y de difícil control.

3. Cambiar los criterios de inventario y monitoreo

Las propuestas incluyen revisiones metodológicas que podrían excluir cuerpos de hielo pequeños o discontinuos que hoy están bajo protección.

Estas modificaciones, según especialistas, generarían un retroceso normativo y dejarían sin resguardo parte de las reservas de agua más importantes del país.

Por qué la ley es clave para el futuro ambiental

La protección glaciar no solo garantiza el abastecimiento de agua en zonas áridas y cordilleranas. También ayuda a regular el clima local, sostiene biodiversidad única y preserva paisajes esenciales para el turismo sustentable.

La ley actúa como barrera frente a actividades que podrían acelerar la pérdida de hielo, aumentar la contaminación y alterar cuencas fundamentales para el sistema hídrico nacional.

En un escenario de calentamiento global, mantener intactos los glaciares es una de las medidas más efectivas para asegurar agua disponible en los próximos años.