Azua.- En un panel científico y social celebrado en el Centro Cultural Héctor J. Díaz, especialistas de la Academia de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentaron un balance crítico sobre los impactos de las barcazas de generación eléctrica instaladas en la comunidad de Los Negros.

Durante la actividad, titulada «Impactos de las barcazas de Los Negros», el biólogo Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD, expuso que la operación de estas plantas flotantes representa una agresión directa al Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo.

Carvajal subrayó que el vertido de aguas a altas temperaturas y los residuos de la combustión están alterando el equilibrio biológico de una de las zonas de amortiguamiento más importantes del sur del país.

Mientras, el doctor Senén Caba, expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), presentó datos alarmantes sobre el deterioro de la salud en la zona.

Según el facultativo, se ha registrado un incremento sostenido en enfermedades respiratorias crónicas, afecciones dermatológicas y trastornos del sueño entre los residentes de Los Negros, vinculados directamente a la emanación de gases y al ruido constante de las turbinas.

Crisis en la economía local

La Asociación de Pescadores de la zona también tomó la palabra para denunciar el «colapso total» de la pesca artesanal.

Los trabajadores del mar explicaron que el calentamiento de las aguas en los puntos de vertido de las barcazas ha ahuyentado las especies, dejando a decenas de familias sin su principal sustento económico.

Un llamado al cese de contratos

En el panel se recordó que la reciente instalación de una unidad de mayor capacidad (230 MW) en octubre de 2025, lejos de mitigar el problema, ha intensificado la contaminación sonora y visual. Los líderes comunitarios fueron enfáticos al exigir al Gobierno que no se renueven las concesiones actuales, las cuales tienen fecha de vencimiento a finales de 2026.

La jornada concluyó con un pliego de demandas dirigido al Ministerio de Medio Ambiente, exigiendo una auditoría externa e independiente que evalúe el daño acumulado en los manglares y la biodiversidad marina antes de que el impacto sea irreparable.