La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció un reciente fallo del Tribunal Superior Administrativo que ordena excluir más de 12 millones de metros cuadrados del Parque Nacional Jaragua.

Dicha sentencia favorece a empresarios privados, específicamente a los herederos de la familia Gadala María, bajo la representación de Inversiones del Sur.

Los ambientalistas Luis Carvajal y Yolanda León calificaron la decisión de inconstitucional y alertaron sobre su inviabilidad administrativa. Según explicaron, la jueza se basó en una ley de 2004 sobre polos turísticos, ignorando el marco legal vigente de la Ley 64-00 y la Ley 202-04 que protegen estas áreas.

Un aspecto crítico denunciado es que la sentencia ordena modificar los mapas del parque sin proporcionar coordenadas geográficas específicas, lo que la hace inaplicable en la práctica.

Para Carvajal, esta falta de precisión revela un entramado articulado para beneficiar intereses particulares sobre el patrimonio de todos los dominicanos.

La familia beneficiada ha sido históricamente vinculada a la dictadura de Trujillo. Los activistas señalaron que estas tierras fueron nacionalizadas tras la caída del régimen y convertidas en patrimonio nacional.

Alegan que los reclamantes no poseen títulos de origen legítimo, sino que intentan convertir antiguas concesiones de usufructo en títulos de propiedad.

El Parque Nacional Jaragua, que incluye la emblemática Bahía de las Águilas, es una reserva de biodiversidad única en el Caribe. León destacó que su valor inmobiliario actual ha despertado una «fiebre del oro» debido a proyectos como el nuevo aeropuerto internacional en la zona de Oviedo y Tres Charcos.

Ante esta situación, la Coalición solicitó a la Procuraduría General de la República realizar una investigación forense. Buscan determinar si existen redes de complicidad dentro del Estado que faciliten estos fraudes inmobiliarios.

Advierten que, de no frenarse, este precedente pondría en peligro todas las áreas protegidas del país.

El Ministerio de Medio Ambiente ya manifestó su rechazo y anunció que apelará la decisión judicial. Por su parte, la Coalición se declaró en sesión permanente para intervenir legalmente en el proceso y elevar el caso, si es necesario, hasta el Tribunal Constitucional para proteger el principio de progresividad ambiental.

Finalmente, los expertos recordaron que el desarrollo económico no debe implicar la privatización de bienes comunes.

Insistieron en que el bienestar del Sur depende de servicios ambientales como la producción de agua y el turismo sostenible, los cuales solo son posibles si se mantiene la integridad del Parque Jaragua.