Nuestras ciudades han sido creadas y han crecido bajo la improvisación, sin autoridades con la inteligencia o la voluntad para intervenir mínimamente y regularizar la vida de las comunidades, permitiendo su desarrollo con un mínimo de seguridad y disciplina social.

Cualquier grupo de personas puede iniciar un proyecto de viviendas en un terreno privado, ya sea del Estado o de particulares, sin la intervención de las autoridades municipales o policiales. Una vez que el número de pobladores aumenta sin control ni organización, comienzan a exigir servicios públicos con la intervención de líderes de partidos y grupos comunitarios, sin un propósito claro de mejorar la calidad de vida.

Así se han creado la mayoría de nuestros barrios, sin un proyecto claro de planificación gradual para mejorar las comunidades y hacer de la vida un espacio más seguro y resiliente ante los riesgos inherentes del territorio, como ciclones, inundaciones y terremotos.

El crecimiento de la población y la acumulación de propiedades en terrenos reducidos, sin la adecuada planificación, ha incrementado los riesgos y su impacto, causando más muertes y pérdidas de bienes. Estas consecuencias se agravan con el tiempo y la falta de recursos, posponiendo soluciones sin perspectivas favorables.

Las referidas circunstancias, sumadas al calentamiento global que genera más desórdenes atmosféricos como ciclones e inundaciones, dificultan que las aseguradoras ofrezcan coberturas completas a precios asequibles para familias o instituciones. Cada vez tendremos que pagar más por los mismos riesgos y limites asegurados, ya que la alta siniestralidad pone en riesgo la garantía de las aseguradoras.

Todos estamos comprometidos a aportar para lograr un mundo mejor, así como obligados a pagar impuestos para financiar servicios comunes y construir una sociedad del bien común. Los líderes, los gobiernos y el Estado deben ser más pro-activos, ya que el tiempo se está agotando para tomar medidas que puedan desviar la tendencia hacia el caos total.