La economía mundial está estructurada en torno al crecimiento: la idea de que las empresas, industrias y naciones deben aumentar la producción cada año, independientemente de si es necesario o no. Esta dinámica está impulsando el cambio climático y el colapso ecológico.

Las economías de renta alta y las corporaciones y clases adineradas que las dominan, son las principales responsables de este problema y consumen energía y materiales a ritmos insostenibles [01][02].

Sin embargo, actualmente muchos países industrializados, dadas las convulsiones económicas provocadas por la pandemia COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la escasez de recursos y el estancamiento de las mejoras de productividad, tienen dificultades para hacer crecer sus economías. Los gobiernos se enfrentan a una situación difícil. Sus intentos de estimular el crecimiento chocan con los objetivos de mejorar el bienestar humano y reducir los daños medioambientales.

Los investigadores en economía ecológica abogan por un enfoque diferente: el decrecimiento^[03]. Las economías ricas deberían abandonar el crecimiento del producto interior bruto (PIB) como objetivo, reducir las formas de producción destructivas e innecesarias para reducir el uso de energía y materiales, y centrar la actividad económica en garantizar las necesidades y el bienestar humanos. Este enfoque, que ha ganado adeptos en los últimos años, puede permitir una rápida descarbonización y detener el colapso ecológico, al tiempo que mejora los resultados sociales^[04]. Al mismo tiempo, liberaría energía y materiales para los países de renta baja y media en los que el crecimiento puede seguir siendo necesario para el desarrollo. El decrecimiento es una estrategia decidida para estabilizar las economías y alcanzar objetivos sociales y ecológicos, a diferencia de la recesión, que es caótica y socialmente desestabilizadora y se produce cuando las economías dependientes del crecimiento no crecen.

Los informes de este año del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) sugieren que deberían considerarse políticas de decrecimiento en la lucha contra el deterioro del clima y la pérdida de biodiversidad, respectivamente. Entre las políticas de apoyo a una estrategia de este tipo destacan las siguientes.

Reducir la producción menos necesaria. Esto significa reducir sectores destructivos como los combustibles fósiles, la producción masiva de carne y lácteos, la moda rápida, la publicidad, los automóviles y la aviación, incluidos los jets privados. Al mismo tiempo, es necesario acabar con la obsolescencia programada de los productos, alargar su vida útil y reducir el poder adquisitivo de los ricos.

Mejorar los servicios públicos. Es necesario garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, la educación, la vivienda, el transporte, Internet, las energías renovables y los alimentos nutritivos de alta calidad. Los servicios públicos universales pueden ofrecer resultados sociales sólidos sin un elevado uso de recursos.

Introducir una garantía de empleos verdes. Esto permitiría formar y movilizar mano de obra en torno a objetivos sociales y ecológicos urgentes, como la instalación de energías renovables, el aislamiento de edificios, la regeneración de ecosistemas y la mejora de la asistencia social. Un programa de este tipo acabaría con el desempleo y garantizaría una transición justa para los trabajadores de industrias en declive o sectores en extinción, como los que dependen de los combustibles fósiles. Podría combinarse con una política de renta universal.

Reducir la jornada laboral. Esto podría lograrse rebajando la edad de jubilación, fomentando el trabajo a tiempo parcial o adoptando una semana laboral de cuatro días. Estas medidas reducirían las emisiones de carbono y liberarían a las personas para dedicarse a los cuidados y a otras actividades que mejoren el bienestar. También estabilizarían el empleo al disminuir la producción menos necesaria.

Permitir el desarrollo sostenible. Para ello es necesario cancelar las deudas injustas e impagables de los países de renta baja y media, frenar el intercambio desigual en el comercio internacional y crear las condiciones para que la capacidad productiva se reoriente hacia la consecución de objetivos sociales.

Algunos países, regiones y ciudades ya han introducido elementos de estas políticas. Muchas naciones europeas garantizan la asistencia sanitaria y la educación gratuitas; Viena y Singapur son famosas por sus viviendas públicas de alta calidad, y casi 100 ciudades de todo el mundo ofrecen transporte público gratuito. Muchos países han utilizado en el pasado sistemas de empleo garantizado y en Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda se está experimentando con rentas básicas y jornadas laborales más cortas.

Pero la aplicación de una estrategia más amplia de decrecimiento –de forma segura y justa– se enfrenta a cinco retos clave de investigación, como exponemos aquí.

Eliminar la dependencia del crecimiento
Las economías actuales dependen del crecimiento de varias maneras. Los servicios del estado de bienestar suelen financiarse con los ingresos fiscales. Los proveedores privados de pensiones dependen del crecimiento del mercado de valores para obtener rendimientos financieros. Las empresas mencionan el crecimiento previsto para atraer a los inversores. Los investigadores deben identificar y abordar estas «dependencias del crecimiento» sector por sector.

Por ejemplo, hay que cambiar el deber fiduciario de los directivos de las empresas. En lugar de dar prioridad a los intereses financieros a corto plazo de los accionistas, las empresas deberían dar prioridad a los beneficios sociales y medioambientales y tener en cuenta los costes sociales y ecológicos. Sectores como la asistencia social y las pensiones necesitan mecanismos de financiación garantizados para los proveedores públicos, así como una mejor regulación y el desmantelamiento de los incentivos financieros perversos para los proveedores privados^[05].

Equilibrar la economía nacional exigirá nuevos modelos macroeconómicos que combinen variables económicas, financieras, sociales y ecológicas. Ya se están utilizando modelos como LowGrow SFC (desarrollado por Tim Jackson y Peter A. Victor), EUROGREEN y MEDEAS para proyectar las repercusiones de las políticas de decrecimiento, incluidos los impuestos redistributivos, los servicios públicos universales y la reducción de la jornada laboral.

Pero estos modelos suelen centrarse en un solo país y no tienen en cuenta las dinámicas transfronterizas, como los movimientos de capital y divisas. Por ejemplo, si los mercados se asustan por el bajo crecimiento en un país, algunas empresas podrían trasladar su capital al extranjero, lo que podría afectar negativamente a la moneda del país de origen y aumentar los costes de los préstamos. Condiciones como éstas plantearon graves problemas financieros a Argentina en 2001 y a Grecia en 2010. Es necesario considerar la cooperación internacional para un control fronterizo más estricto de los movimientos de capital y modelizar sus efectos.

Financiar los servicios públicos
Se necesitarán nuevas formas de financiación para financiar los servicios públicos sin crecimiento. Los gobiernos deben poner fin a las subvenciones a la extracción de combustibles fósiles. Deben gravar las industrias ecológicamente perjudiciales, como el transporte aéreo y la producción de carne. Los impuestos sobre el patrimonio también pueden utilizarse para aumentar los recursos públicos y reducir la desigualdad.

Los gobiernos que emiten su propia moneda pueden utilizar este poder para financiar objetivos sociales y ecológicos. Este enfoque se utilizó para rescatar a los bancos tras la crisis financiera mundial de 2007-8 y para pagar planes de ayuda y hospitales durante la pandemia de COVID-19^[06].

Hay que gestionar los riesgos inflacionistas si el aumento de la demanda supera la capacidad productiva de la economía. Destinar dinero a los servicios públicos reduce la inflación del coste de la vida. Pero una estrategia de decrecimiento también puede reducir la demanda de bienes materiales, por ejemplo, mediante una fiscalidad progresiva, fomentando el consumo compartido y colaborativo, incentivando la renovación y la reparación, y apoyando los servicios comunitarios.

Otro riesgo es que cuando los Estados o los bancos centrales emiten moneda, puede aumentar el pago del servicio de la deuda pública. La investigación sugiere que la gestión de este riesgo requiere una cuidadosa coordinación de la política fiscal (cuánto gravan y gastan los gobiernos) y la política monetaria (cómo se mantiene la estabilidad de precios)^[07]. La modelización y la investigación empírica son necesarias para arrojar luz sobre los pros y los contras de los mecanismos innovadores de política monetaria, como el «sistema de reservas escalonadas» (tiered reserve system), que reduce el tipo de interés de la deuda pública.

Gestionar las reducciones de jornada laboral
Los programas piloto sobre reducción de la jornada laboral han arrojado en general resultados positivos. Entre ellos, menos estrés y agotamiento y mejor sueño entre los empleados, al mismo tiempo que se mantiene la productividad^[08]. La mayoría de los ensayos se han centrado en el sector público, principalmente en el norte de Europa. Pero empresas privadas de Norteamérica, Europa y Australasia han realizado ensayos de semanas laborales de cuatro días, con resultados similares^[09]. Sin embargo, las empresas se autoseleccionaron, y es necesario investigar si este enfoque puede tener éxito en un ámbito más amplio, por ejemplo, fuera de los empleos “de oficina” que dominan los programas piloto.

Es necesario comprender y abordar los obstáculos a la aplicación de la jornada reducida. Los costes de mano de obra per cápita, como las contribuciones fiscales cubiertas y el seguro médico, hacen que a las empresas les resulte más caro aumentar la plantilla. El endeudamiento personal podría animar a los empleados a trabajar más horas, aunque ensayos recientes no han demostrado que esto sea así^[10].

La comprensión de las repercusiones colectivas también es limitada. Los resultados de los experimentos franceses con la semana de 35 horas han sido desiguales: aunque muchas personas se beneficiaron, algunos trabajadores peor pagados y menos cualificados sufrieron un estancamiento salarial y un trabajo más intenso^[11]. Estas presiones deben estudiarse y abordarse. La hipótesis de que la reducción de la jornada laboral genera más empleo debe ponerse a prueba en distintos sectores y contextos. Datos recientes sugieren que los trabajadores pueden mantener la productividad reorganizando su trabajo^[12].

También hay que establecer vínculos entre las horas de trabajo y las emisiones de carbono^[13]. Aunque un menor número de desplazamientos reduce el consumo de energía y las emisiones de carbono durante las semanas laborales comprimidas, los comportamientos durante los fines de semana de tres días siguen sin estudiarse. Más desplazamientos o compras durante el tiempo libre podrían aumentar las emisiones, pero estos efectos podrían mitigarse si se reduce la producción en los sectores problemáticos.

Remodelar los sistemas de abastecimiento
Ningún país satisface actualmente las necesidades básicas de sus habitantes de forma sostenible^[14]. Las economías ricas utilizan más recursos de los que les corresponden [2] mientras que es probable que los países de renta baja necesiten utilizar más. Los investigadores deben estudiar cómo los sistemas de abastecimiento vinculan el uso de los recursos con los resultados sociales, tanto para los sistemas físicos (infraestructuras y tecnología) como para los sociales (gobiernos y mercados).

Los estudios realizados de forma ascendente (bottom-up) sugieren que unos mejores sistemas de abastecimiento podrían proporcionar un nivel de vida digno con un consumo de energía mucho menor que el actual^[15]. Estos estudios no tienen plenamente en cuenta instituciones como el Estado, y es probable que sean subestimaciones. Los estudios descendentes (top-down), que sí tienen en cuenta dichas instituciones, sugieren que se necesita más energía para satisfacer las necesidades humanas^[16]. Pero estos estudios no son capaces de separar el consumo excesivo, como los coches grandes o los yates, y por tanto es probable que sean sobreestimaciones.

Los investigadores deben conciliar estos enfoques y tener en cuenta otros recursos además de la energía, como los materiales, la tierra y el agua. Deben examinar los sistemas de abastecimiento de vivienda, transporte, comunicaciones, atención sanitaria, educación y alimentos. ¿Qué cambios sociales e institucionales mejorarían el abastecimiento? ¿Qué tipos de abastecimiento tienen los resultados sociales y medioambientales más beneficiosos? Esta investigación puede llevarse a cabo mediante la observación empírica y la modelización.

Por ejemplo, la vivienda. En muchas partes del mundo, los mercados inmobiliarios están al servicio de promotores, propietarios y financieros. Esto contribuye a la segregación y la desigualdad, y puede expulsar a los trabajadores del centro de las ciudades para que dependan del coche, lo que aumenta las emisiones de combustibles fósiles. Los enfoques alternativos incluyen la vivienda pública o cooperativa y un sistema financiero que priorice la vivienda como una necesidad básica y no como una oportunidad para obtener beneficios.

Viabilidad política y oposición
El crecimiento suele considerarse un árbitro del éxito político. Pocos líderes se atreven a cuestionar el crecimiento del PIB. Pero la opinión pública está cambiando. Las encuestas en Europa muestran que la mayoría de la gente prioriza el bienestar y los objetivos ecológicos sobre el crecimiento (ver go.nature.com/3ugg8kt). Los sondeos en Estados Unidos y el Reino Unido apoyan el empleo garantizado y la reducción de la jornada laboral (go.nature.com/3uyhdjv y go.nature.com/3y8ujz5). El gran número de trabajadores que han abandonado sus puestos de trabajo en movimientos como la Gran Dimisión (Great Resignation) estadounidense o los grupos de protesta Lying Flat en China demuestran que existe una demanda de jornadas laborales más cortas y de un trabajo más humano y significativo. Sin embargo, los partidos políticos que han propuesto ideas de decrecimiento han recibido un apoyo limitado en las elecciones. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿de dónde vendría el impulso para una política de decrecimiento?

Los movimientos sociales y el cambio cultural que se gestan bajo la superficie a menudo preceden y catalizan la transformación política. Los científicos sociales deben examinar cuatro áreas. En primer lugar, deben identificar las actitudes y prácticas cambiantes mediante encuestas y grupos de discusión.

En segundo lugar, deberían aprender de las ciudades de transición (transition towns) sostenibles, las cooperativas, los proyectos de covivienda u otras formaciones sociales que dan prioridad a los modos de vida compatibles con el postcrecimiento. Las experiencias de países que han tenido que adaptarse a condiciones de bajo crecimiento –como Cuba tras la caída de la Unión Soviética y Japón– también aportan lecciones.

En tercer lugar, los investigadores deberían estudiar los movimientos políticos que se alinean con los valores del decrecimiento: desde La Vía Campesina, el movimiento internacional de campesinos que defiende la soberanía alimentaria y los métodos agroecológicos, hasta los movimientos y gobiernos municipalistas y comunalistas de ciudades progresistas como Barcelona o Zagreb, que promueven políticas a favor de la justicia social y los bienes comunes. Es necesario comprender mejor los obstáculos a los que se enfrentan los gobiernos que tienen ambiciones ecológicas, como los elegidos este año en Chile y Colombia.

En cuarto lugar, es necesario comprender mejor los intereses políticos y económicos que pueden oponerse o apoyar el decrecimiento. Por ejemplo, ¿cómo se organizan a escala nacional e internacional grupos como los think-tank, las empresas, los lobbies y los partidos políticos que trabajan para apoyar los intereses de las élites, con el fin de echar por tierra las políticas económicas y sociales progresistas? El papel de los medios de comunicación en la formación de actitudes favorables al crecimiento sigue estando poco explorado. Dados los vínculos entre el crecimiento económico y el poder geopolítico, es posible que los estados nación individuales se muestren reacios a actuar solos, por miedo a enfrentarse a una desventaja competitiva, a la fuga de capitales o al aislamiento internacional. Este problema de «ser el primero» plantea la cuestión de si los países de renta alta podrían cooperar en la transición hacia el decrecimiento y en qué condiciones.

¿Y ahora qué?
La acción gubernamental es crucial. Se trata de un reto, porque los que están en el poder tienen ideologías arraigadas en la economía neoclásica dominante y tienden a tener un contacto muy limitado con los investigadores que exploran la economía desde otros ángulos. Se necesitará espacio político para debatir y comprender alternativas, y para desarrollar respuestas políticas. Entre los foros que trabajan en este sentido se encuentran la Alianza para una Economía del Bienestar (Wellbeing Economy Alliance), el movimiento Crecimiento en Transición de Austria, la iniciativa de la Conferencia Postcrecimiento del Parlamento Europeo y el Grupo Parlamentario Multipartidista sobre los Límites del Crecimiento del Reino Unido.

Se necesitan movimientos sociales fuertes. Las fórmulas de toma de decisiones descentralizadas, a pequeña escala y directas, como las asambleas ciudadanas, ayudarían a poner en relieve las visiones de la población sobre unas economías más equitativa^[17].

Abordar la cuestión de cómo prosperar sin crecimiento exigirá una movilización masiva de investigadores de todas las disciplinas, incluidos economistas de mentalidad abierta, científicos sociales y políticos, modelizadores y estadísticos. La investigación sobre decrecimiento y economía ecológica necesita más financiación, para aumentar la capacidad de abordar las cuestiones necesarias. Y la agenda del decrecimiento necesita atención y debate en los principales foros económicos, medioambientales y climáticos, como las conferencias de las Naciones Unidas.

Un editorial la revista Nature de marzo de 2022 afirmaba que ya es hora de ir más allá del debate entre «límites al crecimiento» y «crecimiento verde». Estamos de acuerdo. En nuestra opinión, la cuestión ya no es si el crecimiento encontrará límites, sino cómo podemos hacer que las sociedades prosperen sin crecimiento, para garantizar un futuro justo y ecológico. Construyamos el camino.

Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson, Daniel W. O’Neill, Juliet B. Schor, Julia K. Steinberger, Peter A. Victor y Diana Ürge-Vorsatz

Notas:

(1) Fanning, A. L., O’Neill, D. W., Hickel, J., & Roux, N. (2022). The social shortfall and ecological overshoot of nations. Nature Sustainability, 5(1), 26-36.

(2) Hickel, J., Brockway, P., Kallis, G., Keyßer, L., Lenzen, M., Slameršak, A., … & Ürge-Vorsatz, D. (2021). Urgent need for post-growth climate mitigation scenarios. Nature Energy, 6(8), 766-768.

(3) Kallis, G., Kostakis, V., Lange, S., Muraca, B., Paulson, S., & Schmelzer, M. (2018). Research on degrowth. Annual Review of Environment and Resources, 43(1), 291-316.

(4) Ver nota 2

(5) Walker, C. C., Druckman, A., & Jackson, T. (2022). A critique of the marketisation of long-term residential and nursing home care. The Lancet Healthy Longevity

(6) Nersisyan, Y., & Wray, L. R. (2021). Can We Afford the Green New Deal?. Journal of Post Keynesian Economics, 44(1), 68-88.

(7) Jackson, A., Jackson, T. & van Lerven, F. Beyond the Debt Controversy — Re-framing Fiscal and Monetary Policy for a Post-Pandemic Era. CUSP Working Paper No. 31 (Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity, 2022).

(8) Haraldsson, G. D., & Kellam, J. (2021). Going Public: Iceland’s journey to a shorter working week. Alda and Autonomy. Available online at: https://autonomy.work/portfolio/icelandsww/

(9) Schor, J. B. et al. Assessing Global Trials of Reduced Work Time with No Reduction in Pay (4 Day Week Global Foundation, 2022).

(10) Ver notas 7 y 8

(11) Hayden, A. (2006). France’s 35-hour week: attack on business? Win-win reform? Or betrayal of disadvantaged workers?. Politics & Society, 34(4), 503-542.

(13) Fitzgerald, J. B., Schor, J. B., & Jorgenson, A. K. (2018). Working hours and carbon dioxide emissions in the United States, 2007–2013. Social Forces, 96(4), 1851-1874.

(14) Ver nota 1.

(15) Millward-Hopkins, J., Steinberger, J. K., Rao, N. D., & Oswald, Y. (2020). Providing decent living with minimum energy: A global scenario. Global Environmental Change, 65, 102168.

(16) Vogel, J., Steinberger, J. K., O’Neill, D. W., Lamb, W. F., & Krishnakumar, J. (2021). Socio-economic conditions for satisfying human needs at low energy use: An international analysis of social provisioning. Global Environmental Change, 69, 102287.

(17)Asara, V., Profumi, E., & Kallis, G. (2013). Degrowth, democracy and autonomy. Environmental Values, 22(2), 217-239.

Artículo originalmente publicado el 12 de diciembre de 2022 en Nature 612, 400-403 (2022) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-04412-x

Autor@s:

Jason Hickel es profesor en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, Universidad Autónoma de Barcelona Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), España, y profesor visitante del en el Instituto Internacional de Desigualdades, London School of Economics and Political Economics and Political Science, Reino Unido.

Giorgos Kallis es profesor de economía ecológica y ecología política en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) y en la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 

Tim Jackson es director del Centro para la Comprensión de la Prosperidad Prosperidad Sostenible, Universidad de Surrey, Guildford, Reino Unido.

Daniel W. O’Neill es profesor asociado de economía ecológica en la Escuela de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Leeds, Reino Unido, y presidente de la Sociedad Europea de Economía Ecológica.

Juliet B. Schor es economista y profesora del Departamento de Sociología, Boston College, Chestnut Hill Massachusetts, EE UU.

Julia K. Steinberger es profesora de economía ecológica en el Instituto de Geografía y Sostenibilidad de la Universidad de Lausana, Suiza. 

Peter A. Victor es profesor de estudios medioambientales en la Universidad de York, Toronto, Canadá.

Diana Ürge-Vorsatz es profesora en el Departamento de Ciencias y Política, Universidad Centroeuropea, Viena, Austria.